En Imbabura, el acceso al gas doméstico ya no depende de la oferta del mercado, sino de la adhesión al paro indígena. Según denuncias recogidas por Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ, dirigentes del paro están controlando la distribución de cilindros en zonas como Ibarra, Otavalo y Antonio Ante. Solo reciben gas quienes aceptan cerrar sus negocios o se suman a la protesta.
Estas versiones, aunque anónimas por temor a represalias, describen un escenario grave: ciudadanos “secuestrados” en sus propias ciudades, centros de abasto forzados a permanecer cerrados y la autoridad estatal ausente. En Otavalo, en particular, los promotores del paro actúan como administradores de facto del suministro de gas, una situación que viola normas básicas de libre acceso a bienes esenciales.
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Jairala cuestiona la inacción de las autoridades locales y nacionales frente a este control irregular. “¿No hay autoridad en Otavalo o Cotacachi?”, se pregunta. Mientras el Estado no restablezca el orden, el derecho a la libre circulación y al abastecimiento básico queda en suspenso. ¿Hasta cuándo tolerará la ciudadanía este tipo de presión?
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