Ecuador sigue sin fiscal general del Estado, y la responsabilidad recae en el Consejo de Participación Ciudadana. Según el análisis de Fabricio Vela, director de Primera Plana, el país ya tuvo oportunidad de designar a una autoridad titular, pero no lo hizo. Ahora, con el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre en el horizonte —que incluyen la posible convocatoria a una asamblea constituyente—, es poco probable que se nombre a un fiscal en el corto plazo.
Si el actual fiscal, Diana Salazar (Toainga), decide renunciar, asumiría el encargado José Alarcón, cuyo perfil ha generado controversia. Vela advierte que sectores políticos podrían beneficiarse de mantener esta figura provisional.
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Este escenario no es aislado: por años, instituciones clave como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Bancos han operado con autoridades encargadas. El resultado: un Estado desinstitucionalizado, donde los ciudadanos pagan el costo de la inacción política. ¿A quién le conviene mantener este estatus quo?
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