En medio de una crisis fiscal y déficits en servicios esenciales como salud, educación y seguridad, el consultor y economista-abogado Ludwing Alvarez Rengifo denuncia una decisión que, según él, supuestamente se habría perjuficado al Estado ecuatoriano: la venta de un cuarto de las reservas de oro del país en 2023 a un precio de aproximadamente 1.400 dólares la onza troy. Hoy, con el oro cotizando cerca de los 3.900 dólares en 2025, Alvarez estima una pérdida potencial de 500 millones de dólares —equivalente al costo del reciente aumento del IVA del 12% al 15%.
Alvarez no cuestiona directamente al presidente Daniel Noboa, pero exige investigaciones por posible peculado. Solicita al Contralor General y al Fiscal General, José María Toinga, que actúen contra quienes autorizaron la operación. Advierte, además, que si no hay justicia, las nuevas cárceles podrían terminar albergando a los mismos funcionarios que las impulsaron.
¿Fue una estrategia de liquidez o un error de Estado con consecuencias millonarias? La ciudadanía merece respuestas claras, transparentes y oportunas.






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