Aquiles Álvarez denunció ante la Asamblea Nacional la presencia de un vehículo registrado a nombre de una empresa cerca de la vivienda de Iván B., sospechoso del atentado de Ayacucho.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional para exigir explicaciones sobre la presencia de un Porsche —registrado a nombre de la empresa Industrial Molinera— frente a la casa de Iván B., presunto autor del atentado terrorista en Ayacucho del 4 de junio de 2025. La intervención busca esclarecer posibles vínculos entre el vehículo, su conductor y el sospechoso, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad y la transparencia de las investigaciones estatales.
Denuncia en la Asamblea: un llamado a la fiscalización
Durante su intervención, el alcalde Álvarez presentó hallazgos preliminares derivados de una verificación interna del Municipio de Guayaquil. Según sus declaraciones, el Porsche con placa GRI 3452 no tiene reporte de robo en los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ni en otras bases de datos oficiales, y está registrado a nombre de la empresa Industrial Molinera.
Álvarez cuestionó la inacción de la Fiscalía General del Estado tras la denuncia presentada por el asambleísta González, al no citar al gerente de la empresa para establecer quién conducía el vehículo ni con quién se reunió en la residencia de Iván B. “Lo mínimo que debió hacer la Fiscalía fue llamar a declarar al gerente”, afirmó.
Cámaras de seguridad y control institucional
El alcalde también señaló que el Municipio de Guayaquil ha estado rastreando la trazabilidad del vehículo mediante el sistema de videovigilancia municipal. Sin embargo, recordó que el gobierno nacional terminó unilateralmente el convenio con el sistema ECU 911 para el manejo de cámaras en Guayaquil, lo que limita actualmente el acceso a ciertas fuentes de información.
“Si no tuviésemos el control de nuestras propias cámaras, el país no se habría enterado de que un Porsche estuvo frente a la casa de un sospechoso de terrorismo”, indicó Álvarez, subrayando la importancia de la autonomía local en materia de seguridad.
Silencios institucionales y demanda de transparencia
Álvarez criticó la falta de reacción tanto de la prensa como de ciertos actores políticos, incluyendo al presidente de la Comisión de Fiscalización, a quien acusó de mantenerse “escondido” pese a su rol de control. Asimismo, lamentó que tras la denuncia pública del caso, las autoridades hayan dejado de referirse al atentado del Molino del Sur, previamente atribuido a distintos actores sin aportar pruebas concluyentes.
El alcalde insistió en que no se trata de politizar el caso, sino de exigir respuestas técnicas y transparentes: “Queremos saber si el chofer tenía nexos con delincuentes, si la empresa lo denunció o si hay responsabilidades omitidas. Eso es lo mínimo que merece la ciudadanía”.
Contexto de impunidad y desconfianza
La intervención se enmarca en un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones judiciales y de seguridad. Álvarez mencionó otros casos, como el de PetroNovoa, archivado pese a existir “elementos de convicción suficientes”, en contraste con investigaciones más agresivas contra opositores o críticos del gobierno.
“Estamos hartos del show, de la mentira y de cero gestión”, expresó, reiterando su llamado a actuar con ética y responsabilidad frente a delitos de alto impacto como el terrorismo.
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La comparecencia del alcalde de Guayaquil pone en evidencia no solo una posible falla en la investigación del atentado de Ayacucho, sino también una crisis de credibilidad en los mecanismos de control y transparencia del Estado. En un país donde la seguridad ciudadana se ha convertido en prioridad nacional, las respuestas institucionales deben estar a la altura de la gravedad de los hechos. La ciudadanía, como bien lo señaló Álvarez, merece saber la verdad —sin espectáculos, sin silencios cómplices y sin doble rasero.
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