Alcalde de Guayaquil exige respuestas tras liberación de presunto autor de bomba

Aquiles Álvarez cuestiona la decisión de la Fiscalía y vincula un vehículo de empresa ligada al presidente con el caso.

En una rueda de prensa no programada, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció irregularidades en la investigación del primer atentado con bomba en la Bahía de Guayaquil, ocurrido entre el 3 y 4 de junio de 2025, tras el cual el presunto autor, Iván B., fue liberado pese a contar con pruebas de inteligencia. Álvarez exigió a la Fiscalía General del Estado y al gobernador del Guayas esclarecer la presencia de un Porsche vinculado a la empresa Industrial Molinera —propiedad de la familia del presidente— en el domicilio del sospechoso horas después de su detención.

Contexto: la primera bomba y la detención de Iván B.

El 4 de junio de 2025, en horas de la noche, las autoridades ecuatorianas —integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema municipal de seguridad SEGUREP— detuvieron a Iván B. en su vivienda del barrio La Trinitaria, tras identificarlo como presunto responsable del atentado en la Bahía de Guayaquil. Según el parte oficial firmado por el coronel Patricio Javier Campaña Torres, la operación se basó en trazabilidad de videos y la localización de un Nissan Sentra con placas PU V 0742.

El atentado marcó el inicio de una ola de violencia que, según el alcalde, se ha intensificado con tres explosiones adicionales, incluida una el 15 de octubre de 2025 en el Mall del Sol que dejó un fallecido y más de 22 heridos.

La polémica decisión de la Fiscalía

A pesar de los elementos de convicción presentados, la Fiscalía Provincial, representada por Marjorie Escobar, decidió abstenerse de formular acusación por terrorismo. El 15 de julio de 2025, el juez Johan Briones emitió una orden de sobreseimiento, liberando a Iván B.

Esta decisión generó rechazo inmediato entre comerciantes de la Bahía y ciudadanos del sur de Guayaquil, quienes realizaron un plantón frente a la Fiscalía exigiendo justicia. “No se trata de un delito menor, sino de terrorismo”, subrayó Álvarez durante su intervención.

Un Porsche en La Trinitaria: nuevas dudas

El alcalde reveló que, según un video entregado al asambleísta González por solicitud de los comerciantes, tres minutos después de la detención de Iván B., un Porsche Cayenne con placas GRI 3452 llegó al lugar. El vehículo, registrado a nombre de Industrial Molinera —empresa vinculada a la familia del presidente de la República—, fue conducido por un chofer que no descendió del auto, mientras una mujer sí lo hizo y mantuvo conversaciones con vecinos y posiblemente con familiares del detenido.

Álvarez aseguró que el municipio verificó que no existe denuncia por robo del vehículo y que la matrícula corresponde efectivamente a la empresa mencionada. “No acusamos, pero exigimos respuestas”, enfatizó.

Llamado al gobernador y a la Fiscalía General

El alcalde responsabilizó al gobernador del Guayas de actuar con celeridad, recordando sus declaraciones públicas de perseguir a los criminales “aunque estén bajo las piedras”. “Iván B. no estaba escondido; estaba detenido y luego liberado. Ahora hay dudas graves sobre su entorno y posibles vínculos”, señaló.

Álvarez anunció que el municipio se sumará a las denuncias presentadas por los comerciantes y el asambleísta González, aunque reiteró que no tiene facultades para investigar, al no controlar ni la Policía ni las Fuerzas Armadas.

Silencio institucional y demanda de transparencia

El alcalde criticó el “silencio total” de las autoridades judiciales y fiscales en un caso de terrorismo, en contraste con la reacción habitual ante liberaciones de narcotraficantes. “El silencio también comunica”, dijo, y advirtió que la falta de claridad alimenta teorías que podrían tener sustento en hechos reales.

“Queremos certezas, no incertidumbres”, concluyó Álvarez, exigiendo que se identifique al conductor del Porsche, a su acompañante y cualquier relación con Iván B.

Mientras Guayaquil enfrenta una espiral de violencia sin precedentes, la gestión de casos sensibles como el de Iván B. pone a prueba la independencia y eficacia del sistema de justicia ecuatoriano. La ciudadanía exige transparencia, y las autoridades tienen la oportunidad —y la obligación— de demostrar que nadie está por encima de la ley.