Gobierno entrega incentivos agrícolas, pero paro persiste pese a medidas

El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, defiende los bonos, créditos y tractores como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, mientras el paro nacional entra en su tercera semana.

En medio de un paro nacional que ya supera los 16 días y afecta la producción y distribución agrícola en al menos siete provincias, el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, aseguró en entrevista con Contacto Directo (Ecuavisa) que el gobierno ha destinado más de 430 millones de dólares en incentivos focalizados —entre bonos, créditos y maquinaria— para mitigar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, reconoce que la medida no ha logrado desactivar las protestas, que continúan bloqueando vías y perjudicando tanto a productores como a consumidores.

Subsidio al diésel: ¿quién se beneficiaba realmente?

Palacios inició su intervención con un diagnóstico contundente: según análisis del gobierno, el 55% del diésel subsidiado no llegaba a pequeños productores, sino a actores ilícitos. “Se aprovechaban contrabandistas, narcotraficantes que usan combustible para procesar drogas, y mineros ilegales”, afirmó. Por ello, la eliminación del subsidio —una de las demandas centrales del paro liderado por la Conaie— se enmarca, según el ministro, en una política de racionalización del gasto público y lucha contra actividades ilegales.

En su lugar, el Ejecutivo ha implementado incentivos focalizados. “No son compensaciones, son herramientas para aumentar la productividad”, aclaró, al subrayar que el objetivo no es mantener un subsidio ineficiente, sino transformar al sector agrícola hacia mayor eficiencia y competitividad.

Incentivos por más de 430 millones de dólares

El ministro detalló tres ejes principales de la respuesta gubernamental:

1. Bono Raíces: destinado a 100.000 pequeños productores en zonas de alta pobreza, con una inversión de 100 millones de dólares.
2. Entrega de tractores: 1.200 unidades comprometidas, de las cuales ya se han entregado 180. La inversión total en maquinaria asciende a 82 millones de dólares.
3. Crédito “7×7”: ofrecido por BanEcuador a una tasa del 7%, con plazo de 7 años y montos de hasta 250.000 dólares. La cartera proyecta movilizar 250 millones de dólares en esta línea.

Palacios rechazó las denuncias en redes sociales sobre “entregas simbólicas” de tractores. “Es falso. Hubo un retraso logístico el primer día por el volumen, pero los tractores sí se entregaron. Hay videos y testimonios de beneficiarios”, aseguró.

Además, mencionó programas complementarios en semillas, riego y asistencia técnica, todos alineados con la Política de Estado Agropecuario 2024–2034, que busca elevar la productividad mediante tecnología y financiamiento sostenible.

Paradoja del paro: minoría versus mayoría productiva

Uno de los puntos más críticos abordados por el ministro fue la desconexión entre los dirigentes movilizados y la base productiva. “La mayoría de los millones de agricultores quieren que esto termine. Están perdiendo leche, cosechas, ingresos. Nadie les responde por esas pérdidas”, señaló.

Palacios argumentó que el paro beneficia a una minoría organizada, mientras perjudica a la mayoría silenciosa del campo. “¿Quién responde por los litros de leche derramados? ¿Por los alimentos que no llegan a las ciudades?”, cuestionó, al insistir en que la medida caerá “por su propio peso” cuando la ciudadanía exija normalidad.

También comparó a Ecuador con Perú: “Producimos la misma papa en los Andes, pero ellos tienen 24 toneladas por hectárea; nosotros, 14. La diferencia está en productividad, no en subsidios”.

Alerta fitosanitaria: Fusarium Raza 4 en observación

Más allá del paro, el ministro abordó una emergencia potencial: la sospecha de presencia del hongo Fusarium oxysporum Raza 4 en una finca de 7 hectáreas en Santa Rosa, provincia de El Oro. Aunque aún no se confirma oficialmente —se espera un análisis de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) en 8 a 10 días—, el Ministerio ya activó protocolos de contención.

Estas medidas incluyen cuarentena de la zona, monitoreo con drones en un radio de 5 km, y capacitación a productores. “Hemos dado 900 charlas en todo el país desde 2019, cuando el hongo llegó a Colombia”, explicó Palacios. Destacó que el control depende en gran medida del cumplimiento de bioseguridad por parte de los agricultores: desinfección de calzado, prohibición de traslado de trabajadores entre fincas y uso de amonio cuaternario.

También mencionó que se evalúa la variedad resistente Formosana, originaria de Asia, aunque advirtió que su sabor y aceptación en mercados internacionales aún no están garantizados.

Hacia una agricultura sin subsidios, pero con apoyo real

Palacios insistió en que la eliminación del subsidio al diésel no debería trasladarse al consumidor final. “Si eliminamos el subsidio, el impacto en una libra de arroz o papa es menos de medio centavo. El problema es la especulación”, dijo.

Reconoció, sin embargo, que la comunicación de estas medidas ha sido insuficiente y que sectores que recibieron bonos en crisis anteriores —como el Bono Cata por el invierno— ahora también necesitan apoyo. Por ello, el gobierno está ajustando la focalización para incluir a productores previamente excluidos.

“Esto no es improvisación. Tenemos una política de Estado con metas a 10 años”, concluyó, al reiterar que el futuro del campo ecuatoriano está en la productividad, no en subsidios generalizados.

Mientras el paro nacional sigue paralizando carreteras y economías locales, el gobierno apuesta por una transición hacia un modelo agrícola más eficiente y sostenible. Pero sin diálogo efectivo y sin garantizar que los incentivos lleguen a quienes más los necesitan, el riesgo de profundizar la brecha entre el Estado y el campo sigue latente. La verdadera prueba no será solo contener el Fusarium, sino reconstruir la confianza con los productores.