La Federación de Transporte Terrestre levanta la medida indefinida en Quito tras acuerdos técnicos con ANT y MIT, mientras se instalan mesas para evaluar impacto del fin del subsidio al diésel.
Los transportistas de Pichincha suspendieron el paro indefinido previsto para el lunes 15 de septiembre tras conversaciones con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). La decisión, anunciada el domingo 14, evita interrupciones en la movilidad urbana de Quito y abre un espacio técnico para analizar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel, una medida que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El acuerdo es clave en un contexto de ajustes fiscales que buscan generar ahorros anuales de hasta 1.100 millones de dólares para el Estado.
Antecedentes del conflicto
El viernes 12 de septiembre, el Gobierno del presidente Daniel Noboa decretó mediante el Decreto Ejecutivo 126 la eliminación del subsidio al diésel, una medida que forma parte de un paquete de 18 acciones de compensación para sectores afectados. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), esta reforma busca reorientar recursos hacia incentivos productivos, especialmente para el sector de transporte.
La medida generó inmediata preocupación entre los transportistas, quienes alertaron sobre posibles aumentos en tarifas y dificultades operativas. El sábado 13, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, liderada por Carlos Brunis, convocó a una paralización a partir de la medianoche del 15 de septiembre, argumentando que el incremento en el costo del combustible impactaría directamente sus costos operativos.
Fuentes del gremio indicaron que el paro podría haber afectado rutas urbanas e interprovinciales en Quito y sus alrededores, lo que habría obligado a recurrir a alternativas como Ecovía y Trole. Sin embargo, ante las negociaciones iniciadas, el cese de actividades fue suspendido.
Diálogos técnicos y mediación institucional
Las conversaciones entre representantes del gremio y autoridades estatales se intensificaron el domingo 14, con una reunión clave entre la Federación y Pedro Abril, director ejecutivo de la ANT. Durante la mesa, Abril destacó que “la paralización no solo genera pérdidas a cada uno de ustedes, sino para todos”, enfatizando la necesidad de soluciones sostenibles mediante el diálogo.
Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte y vocero del sector, participó activamente en las deliberaciones. Aunque reconoció la disposición al diálogo, criticó la fluidez de la plataforma digital del MIT para inscripción de incentivos, proponiendo mejoras inmediatas. Haro señaló que “nunca nos hemos cerrado a mantener una negociación, un análisis en base a las necesidades que posee el sector de transporte”.
El ministro Roberto Luque y la vicepresidenta María José Pinto mantuvieron comunicaciones constantes con distintos gremios, incluyendo taxis ejecutivos, transporte escolar y turístico, ampliando así el alcance del proceso de coordinación más allá del transporte público tradicional.
Según la ANT, el encuentro no fue una “negociación política”, sino un espacio técnico para coordinar procesos claros y evitar escaladas que pudieran replicarse en otras provincias.
Acuerdos preliminares y próximos pasos
La suspensión del paro es temporal y condicionada a la instalación de mesas técnicas a partir del lunes 15 de septiembre, con un plazo de 30 días para evaluar resultados. Estas mesas analizarán la metodología de asignación de 700 galones de diésel subsidiado por unidad en Quito y Guayaquil, incorporando técnicos del sector para revisar insumos operativos y efectos sociales.
Entre los compromisos del Gobierno figura permitir inscripciones retroactivas para compensaciones a quienes no completen el registro este mes, beneficiando a unas 15.000 unidades de transporte en Pichincha. Se abrirán puntos de atención en el norte y sur de Quito para agilizar el proceso, abordando quejas sobre la plataforma digital.
Además, se planteará ante la Asamblea Nacional que la ANT asuma la revisión de tarifas, en lugar de los municipios, y se discutirán incentivos como la chatarrización de flotas. Carlos Brunis resumió: “Se suspende el paro hasta que la autoridad nos convoque a una mesa técnica para analizar el proceso detrás del incremento del diésel”.
Esta resolución preliminar evita interrupciones en la movilidad de Quito, donde el transporte público atiende a millones de usuarios diarios, y podría servir de modelo para diálogos en otras regiones. La suspensión marca un avance en el diálogo social ante reformas fiscales sensibles, priorizando la continuidad de servicios esenciales.
Sistema de incentivos y registro
Como parte del Plan de Redistribución de Recursos, Incentivos Sociales y Productivos, el MIT implementó un sistema de apoyo financiero diferenciado según tipo de transporte:
- Transporte intercantonal (urbano, rural y combinado): entre USD 400 y 700 mensuales.
- Transporte interprovincial: USD 1.000 mensuales por unidad.
- Transporte intraprovincial: USD 600 mensuales.
Este programa tiene una inversión estimada de USD 68,7 millones para lo que resta de 2025, con un primer pago de USD 5 millones para quienes se registren hasta el 14 de septiembre.
El registro puede realizarse en línea a través del portal oficial: https://registro.mtop.gob.ec/#/login. Además, desde el lunes 15, se habilitan puntos de atención presencial en todas las direcciones distritales del MIT, con horario de 08:00 a 16:30.
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La suspensión del paro en Pichincha representa un momento crítico en la gestión de reformas económicas en Ecuador. Mientras el Gobierno busca equilibrar ahorros fiscales con la protección de sectores vulnerables, el diálogo técnico entre autoridades y gremios emerge como herramienta clave para evitar crisis de movilidad. La eficacia de estos mecanismos dependerá de la transparencia, la accesibilidad de los incentivos y la participación real de los actores del transporte en la toma de decisiones.
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