Decretos 125, 126 y 127 buscan equilibrio fiscal, ambiental y mayor cercanía con la ciudadanía.

El presidente Daniel Noboa promulgó tres decretos ejecutivos el 12 y 13 de septiembre de 2025 que reforman el subsidio al diesel, establecen compensaciones para el transporte público y trasladan temporalmente la sede del gobierno a Latacunga. La medida busca abordar desafíos económicos, ambientales y de proximidad con la población, según documentos oficiales publicados en el Registro Oficial.
Reforma del subsidio al diesel: precios basados en mercados internacionales
El Decreto Ejecutivo 126 modifica el Reglamento Codificado de Precios de Derivados de Hidrocarburos, eliminando el subsidio al diésel premium y estableciendo un nuevo mecanismo de cálculo basado en precios internacionales. A partir de la vigencia del decreto, el precio de venta al público se fijó en $2,80 por galón hasta el 11 de diciembre de 2025, tras lo cual aplicará el sistema de estabilización de precios. Este incluye componentes como la paridad de importación, costos logísticos y un margen de abastecedora, con límites de variación del 5% al alza y -10% a la baja para evitar fluctuaciones bruscas.
Según el documento, la eliminación del subsidio responde a su carácter regresivo, ya que beneficiaba principalmente a grupos de altos ingresos, y a su impacto ambiental al fomentar el uso de combustibles fósiles contaminantes. Además, se establece una reducción progresiva del contenido de azufre en el diésel hasta alcanzar 50 partes por millón (calidad EURO IV) en 12 meses, alineándose con estándares internacionales de calidad del aire.

Compensaciones para transporte y sector agropecuario
El Decreto 125 implementa dos mecanismos para mitigar el impacto de la reforma energética. Por un lado, crea una transferencia monetaria mensual para propietarios de vehículos de transporte público (urbano, rural, interprovincial), con criterios como registro activo en la Agencia Nacional de Transporte y uso de diésel como combustible. Por otro, establece el “Bono RAICES”, un pago único de $1.000 para hogares dedicados a actividades agropecuarias en situación de pobreza, excluyendo a beneficiarios de otros programas sociales.
Ambas medidas buscan proteger sectores vulnerables sin afectar su acceso a otros beneficios. El Ministerio de Inclusión Económica y Social gestionará los pagos, mientras que la Unidad de Registro Social verificará la elegibilidad. La compensación para transporte durará ocho meses, con posibilidad de prórroga de cuatro adicionales según evaluación del Comité de Optimización Energética.
Gobierno se traslada temporalmente a Latacunga
El Decreto 127 dispone el traslado temporal de la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga (Cotopaxi) y la Vicepresidencia a Otavalo (Imbabura). Según el documento, esta medida busca “acercar el gobierno a la ciudadanía” y fortalecer la gestión descentralizada, sin alterar la capital del país ni el equilibrio de poderes. La iniciativa se fundamenta en los principios constitucionales de eficiencia, participación y desconcentración administrativa, priorizando una administración pública más cercana a las necesidades territoriales.
Las reformas reflejan un enfoque integral para equilibrar responsabilidad fiscal, sostenibilidad ambiental y cercanía institucional. Aunque generan ajustes a corto plazo, el gobierno destaca su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, especialmente en soberanía energética, inclusión productiva y descentralización. Las entidades involucradas, como Petroecuador y el Ministerio de Energía, deberán garantizar transparencia en la implementación, con evaluaciones periódicas para medir su impacto real en la sociedad.







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