Ecuador en paro: el diésel sin subsidio enciende la protesta nacional

Movilizaciones masivas, bloqueos viales y estado de excepción marcan la crisis desatada tras el decreto gubernamental.

Ecuador enfrenta una ola de protestas nacionales tras la eliminación del subsidio al diésel, medida impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. Lideradas por organizaciones indígenas, sindicatos y estudiantes, las movilizaciones han paralizado vías estratégicas en al menos siete provincias, generando un estado de excepción por “grave conmoción interna”. La decisión, que busca reorientar recursos hacia sectores vulnerables y combatir el contrabando, ha desatado una crisis social por su impacto directo en transporte, agricultura y costo de vida.

Cronología de las movilizaciones

Las protestas se iniciaron el 17 de septiembre con bloqueos en las carreteras Cuenca-Loja, sectores de Pichincha y Cotopaxi. La Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro (FIIS) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) encabezaron los cierres con quema de llantas y plantones indefinidos. Al día siguiente, estudiantes de la Universidad Central en Quito se sumaron con marchas que terminaron en enfrentamientos con la Policía. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó una “jornada de resistencia” nacional, amplificando la presión sobre el Ejecutivo.

Impacto económico y social

El alza del diésel —clave para transporte y maquinaria agrícola— ha elevado costos en cadenas productivas enteras. Agricultores reportan incrementos de hasta un 20% en el precio de alimentos básicos. En zonas rurales, donde el combustible es vital para la subsistencia, la medida es percibida como un golpe directo a la economía popular. Hashtags como #EcuadorNoSePara y #ParoNacional2025 reflejan un sentimiento mayoritariamente opositor, con estimaciones de redes sociales que superan el 80% de rechazo a la política gubernamental.

Respuesta oficial y perspectivas en pugna

El Gobierno defendió el Decreto 126 como “una medida técnica necesaria para focalizar subsidios y ahorrar USD 300 millones anuales”, según declaraciones de la ministra de Gobierno. Se anunciaron compensaciones al transporte pesado y programas de protección social, aunque sin detalles concretos. Mientras, voces como la de Leónidas Iza (Conaie) exigen su derogatoria inmediata: “No se trata de diésel, sino de dignidad y supervivencia”, afirmó. El estado de excepción, vigente en siete provincias, restringe reuniones públicas pero no impone toque de queda.

Un país en tensión

Las protestas por el diésel han unido a sectores históricamente fragmentados —indígenas, obreros, estudiantes— en una demanda común: proteger el poder adquisitivo frente a políticas de ajuste. En un contexto de inflación superior al 5% y creciente inseguridad, la crisis trasciende lo económico y se convierte en un termómetro de la gobernabilidad. El diálogo, hasta ahora ausente, será clave para evitar una escalada. Mientras tanto, el país sigue en vilo.