La defensa del agua como recurso vital moviliza a ciudadanos, autoridades locales y opositores en medio de un estado de excepción.
El 16 de septiembre de 2025, cerca de 100.000 personas marcharon en Cuenca, Ecuador, en rechazo al proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, ecosistema clave para el abastecimiento hídrico de la región. La movilización, realizada pese al estado de excepción decretado por el Gobierno nacional en siete provincias, refleja una creciente tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental en un país con crisis hídrica y económica.
Una movilización histórica bajo la lluvia y la tensión política
Desde las primeras horas del 16 de septiembre, miles de ciudadanos —estudiantes, familias, comunidades indígenas, sindicatos y autoridades locales— se congregaron en plazas emblemáticas como San Roque y el Puente del Vado. Avanzaron en lo que muchos describieron como un “quinto río humano”, en referencia a los cuatro ríos que nacen en Quimsacocha. Pese a la lluvia y la presencia policial, la marcha transcurrió sin violencia mayoritaria, aunque con fuerte simbolismo: consignas como “Sin agua no hay futuro” y batucadas resonaron por las calles del centro histórico.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, participó activamente y calificó el estado de excepción como un “error”, exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense Dundee Precious Metals. La Municipalidad emitió comunicados oficiales con el lema “Cuenca ruge fuerte y claro: ¡EL AGUA NO SE TOCA!”.
El conflicto: minería versus soberanía hídrica
El proyecto Loma Larga, ubicado en el páramo de Quimsacocha, busca extraer oro mediante métodos que, según científicos y movimientos ambientales, podrían liberar metales pesados en fuentes de agua que abastecen a más de 300.000 personas en Azuay y provincias vecinas. Estudios citados por manifestantes advierten sobre riesgos irreversibles para la biodiversidad y la salud pública.
El Gobierno de Daniel Noboa defiende la minería como “motor de desarrollo económico” y asegura que el proyecto cuenta con controles ambientales. Sin embargo, ante la presión social, suspendió temporalmente las obras de construcción, aunque no ha revocado la licencia. Voces críticas, como la del expresidente Rafael Correa, acusan al Ejecutivo de “priorizar intereses corporativos sobre la vida”.
Impacto digital y resonancia nacional
En redes sociales, los hashtags #QuimsacochaNoSeToca y #MarchaPorElAgua generaron millones de vistas y miles de interacciones en menos de 48 horas. Publicaciones de cuentas como @Sanchezmendieta (113k engagement) y @MoniPalaciosZ (73k engagement) viralizaron imágenes y testimonios desde el terreno. Caricaturas críticas, como las de @bonilcaricatura, amplificaron el debate con más de 30.000 vistas.
El 17 de septiembre, la protesta tuvo ecos en Quito y otras ciudades, vinculando la defensa ambiental con demandas económicas como la eliminación de subsidios al diésel. Sin embargo, Quimsacocha se mantuvo como epicentro simbólico de una lucha que trasciende lo local.
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La movilización en Cuenca no solo evidencia el poder de la organización ciudadana frente a decisiones estatales, sino que plantea un dilema estructural: ¿cómo equilibrar desarrollo económico con la protección de recursos vitales? En un país donde el agua es cada vez más escasa, la respuesta a esta pregunta definirá el futuro de comunidades, ecosistemas y políticas públicas. El debate está abierto —y la ciudadanía, movilizada.
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