¿Regresa una base aérea estadounidense a Ecuador?

Un análisis estratégico sobre los beneficios y riesgos de una posible instalación militar estadounidense en el país andino, en medio de crecientes desafíos de seguridad regional.

¿Qué propone un reciente artículo del Ejército de EE.UU.? Que Estados Unidos restablezca una base aérea en Ecuador para reforzar operaciones de vigilancia contra el narcotráfico, fortalecer la cooperación bilateral y contrarrestar la creciente influencia de actores extrarregionales como China y Rusia. El autor, el mayor Abdón I. Garay-Briones, sostiene que una presencia permanente en territorio ecuatoriano —similar a la que existió en Manta entre 1999 y 2009— podría beneficiar tanto a Washington como a Quito en un contexto de inestabilidad creciente.

Antecedentes: la experiencia de Manta (1999–2009)

Entre 1999 y 2009, Estados Unidos operó una Forward Operating Location (FOL) en la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, Ecuador. Este acuerdo bilateral permitió el despliegue de aviones de vigilancia como los P-3 Orion y AWACS E-3, cuya misión principal era monitorear rutas de tráfico de drogas en el Pacífico oriental. La información recolectada se compartía con la Fuerza Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), con el objetivo de apoyar operativos antidrogas en la región andina.

Aunque el acuerdo no permitía a EE.UU. realizar operativos de interdicción dentro del territorio ecuatoriano —una responsabilidad exclusiva de las autoridades locales—, sí fortaleció significativamente las capacidades de inteligencia y vigilancia del país. Sin embargo, en 2009, el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el convenio, argumentando la defensa de la soberanía nacional y una reorientación de la política exterior hacia una mayor autonomía frente a Washington.

El nuevo contexto: inseguridad, narcotráfico y presión geopolítica

Hoy, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Según informes de InSight Crime y el Departamento de Estado de EE.UU., el país se ha convertido en un corredor clave para el trasiego de cocaína producida en Colombia y Perú, con rutas marítimas que parten del puerto de Guayaquil y caminos clandestinos a lo largo de la frontera norte.

La presencia de cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha exacerbado la violencia y la corrupción institucional. En este escenario, el gobierno de Daniel Noboa ha reforzado el rol del Ejército en labores de seguridad interna y ha mostrado apertura a nuevas formas de cooperación internacional.

Paralelamente, la influencia de China en Ecuador ha crecido desde la década pasada, especialmente durante el gobierno de Correa. Contratos de infraestructura, préstamos condicionados y adquisiciones militares —como radares que, según reportes, no funcionaron adecuadamente— han generado tensiones diplomáticas y preocupación en Washington. Rusia, aunque con menor presencia, también ha buscado espacios de influencia en América Latina.

El argumento estratégico: por qué EE.UU. necesita una base en Ecuador

El mayor Abdón I. Garay-Briones, oficial del Ejército de EE.UU. y académico con múltiples títulos en seguridad y cooperación internacional, argumenta en un artículo publicado en Military Review (septiembre de 2025) que una nueva base aérea estadounidense en Ecuador ofrecería ventajas estratégicas tangibles.

En primer lugar, permitiría una vigilancia más eficaz del Pacífico oriental, una zona crítica para el tráfico marítimo de drogas. En segundo lugar, reforzaría la capacidad de respuesta ante crisis humanitarias o desastres naturales. Y en tercer lugar, actuaría como un contrapeso geopolítico frente a posibles instalaciones militares chinas o rusas en la región —un escenario que, aunque no confirmado, preocupa a estrategas estadounidenses, especialmente por la proximidad al Canal de Panamá.

Garay-Briones subraya que, a diferencia del acuerdo de Manta, un nuevo convenio debería estar respaldado por un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), como el ratificado entre EE.UU. y Ecuador en octubre de 2023. Este marco legal otorgaría mayor claridad jurídica sobre la presencia y conducta del personal militar extranjero, reduciendo fricciones diplomáticas.

Beneficios mutuos y desafíos políticos

Según el artículo, una base estadounidense no solo fortalecería la seguridad regional, sino que también traería beneficios económicos para Ecuador: inversión en infraestructura, transferencia de capacidades técnicas y oportunidades de empleo local. Además, facilitaría ejercicios militares conjuntos y cooperación en áreas no tradicionales, como la protección ambiental o la respuesta a emergencias.

Sin embargo, persisten desafíos. La historia reciente muestra que los acuerdos de seguridad son vulnerables a los cambios políticos internos. La experiencia de Manta y el cierre de la Oficina de Cooperación de Seguridad en 2014 demuestran que cualquier nueva iniciativa debe diseñarse con mecanismos de resiliencia institucional, como plazos contractuales más largos y salvaguardas que trasciendan ciclos presidenciales.

Además, cualquier propuesta debe considerar la percepción pública. En América Latina, la presencia militar extranjera sigue siendo un tema sensible, asociado históricamente a intervencionismo. Por ello, la transparencia y el enfoque en objetivos compartidos —como la lucha contra el crimen organizado— serán clave para su legitimidad.

Una decisión soberana en un mundo multipolar

La posibilidad de una nueva base aérea estadounidense en Ecuador no es solo un asunto bilateral, sino un reflejo de las tensiones geopolíticas globales. Mientras EE.UU. busca reafirmar su influencia en su “patio trasero”, China y Rusia amplían su proyección mediante inversiones, acuerdos tecnológicos y, potencialmente, presencia militar.

Para Ecuador, la decisión implica equilibrar soberanía, seguridad y oportunidades de desarrollo. Como señaló el propio presidente Noboa en marzo de 2024 —durante la recepción de un avión C-130H donado por EE.UU.—, el país está dispuesto a explorar nuevas alianzas estratégicas. Pero cualquier paso debe estar guiado por el interés nacional, no por presiones externas.