La Conaie lidera movilizaciones indefinidas contra el Decreto 126; gobierno defiende medida como justicia fiscal.
Desde el 18 de septiembre de 2025, Ecuador enfrenta un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto 126. La medida, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para redirigir USD 1.200 millones anuales contra el contrabando y la minería ilegal, ha generado bloqueos viales en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura, tensiones sociales y un debate nacional sobre equidad económica, inflación y derechos colectivos.
Movilizaciones y rechazo social
Las asambleas indígenas en Riobamba y Quito marcaron el inicio de las protestas, con la Conaie declarando el derecho a la resistencia y prohibiendo el ingreso de fuerzas públicas en zonas amazónicas. Organizaciones aliadas como Confeniae y Fenocin se sumaron, mientras hashtags como #ParoNacional2025 y #EcuadorNoSePara acumulan decenas de miles de interacciones en redes sociales. El sentimiento predominante es de rechazo (>80%), con ciudadanos denunciando alzas en pasajes (+35%) y alimentos (+9%), y estimaciones de hasta 65.000 empleos en riesgo.
Gobierno: ahorro fiscal y compensaciones
El Ejecutivo argumenta que el ahorro permitirá financiar bonos sociales para 55.000 familias y combatir actividades ilegales. A transportistas se les ofrecen compensaciones entre USD 400 y 1.000, logrando acuerdos que evitan su adhesión al paro. Sin embargo, análisis como los difundidos por Ecuavisa señalan que las compensaciones superan los ahorros esperados, generando dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la medida. El presidente Noboa ha advertido acciones legales contra quienes “presionen comunidades”, calificando ciertas acciones de “terrorismo”.
División y contexto económico
Aunque la movilización tiene amplio respaldo, no es unánime. Algunas comunidades indígenas rechazan el paro por su impacto en familias vulnerables, mientras sectores empresariales —como la Cámara de Industrias— respaldan la focalización de subsidios. En un contexto de inflación superior al 5% y desempleo creciente, la medida toca fibras profundas: 6 millones de ecuatorianos viven en pobreza, y el costo del transporte y la producción agrícola dependen directamente del diésel. La protesta también se entrelaza con el rechazo a la consulta popular y propuestas constituyentes.
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El paro nacional convocado por la Conaie no solo cuestiona una política energética, sino que pone en el centro del debate la tensión entre ajuste fiscal y protección social en un país con profundas desigualdades. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de reformas estructurales, los movimientos sociales exigen garantías para la economía popular. La resolución del conflicto dependerá del diálogo, la transparencia en el uso de recursos y la capacidad de ambas partes para encontrar puntos de equilibrio.
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