En un acto masivo, el presidente reafirma su compromiso con el campo ecuatoriano y anuncia medidas contra quienes manipulen el acceso al agua.
El jueves 18 de septiembre, más de 5.000 agricultores se congregaron en Riobamba, Chimborazo, para recibir al presidente Daniel Noboa, quien entregó 70.000 Bonos Raíces (USD 1.000 cada uno), 100 tractores y 330 títulos de propiedad. La acción forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el agro nacional, combatir intermediarios y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.
Apoyo directo al campo sin intermediarios
Durante su discurso, Noboa enfatizó que los recursos del Estado ahora llegan “sin intermediarios ni líderes gremiales que los engañen”, en alusión a estructuras que históricamente han desviado beneficios rurales. “Estamos corrigiendo esa injusticia”, afirmó, destacando que el Bono Raíces —una transferencia directa de mil dólares— ya ha impactado a cerca de 70.000 agroproductores a nivel nacional, con una meta de llegar a 100.000. El mandatario aseguró que, bien invertido, ese monto “se multiplica” en productividad y bienestar familiar.
Reasignación de recursos tras eliminación de subsidios
El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, explicó que la eliminación del subsidio al diésel permitió reorientar fondos hacia dotaciones agroproductivas estratégicas. Estas incluyen no solo bonos y maquinaria, sino también 110 kits de nutrición y asistencia técnica a más de 662.000 familias en todo el país. “Esto fortalece la Sierra Central y estabiliza economías rurales”, señaló. Además, se han regularizado 26.000 títulos de propiedad y desplegado 497 unidades móviles de atención agrícola.
Beneficiarios celebran y respaldan al Gobierno
María Angélica Quishpe, receptora del Bono Raíces, destacó que el apoyo mejora la producción de alimentos que “llegan a las mesas del país”. Víctor Octavio Coba, beneficiario de uno de los tractores, afirmó: “Aquí tiene el respaldo de Chimborazo. Los buenos somos más y estaremos para ayudarle”. Testimonios como estos reflejan el impacto tangible de las políticas en comunidades históricamente marginadas.
Acceso al agua: amenaza de denuncia por terrorismo
En un anuncio contundente, Noboa advirtió que cualquier líder gremial que intente presionar a campesinos retirándoles el agua por razones políticas será denunciado por terrorismo, con penas de hasta 30 años de cárcel. “Solicitaré a la ministra de Ambiente revisar todas las juntas de agua”, dijo, prometiendo agilizar trámites para garantizar suministro justo y legal. La medida busca desarticular prácticas de coerción arraigadas en zonas rurales.
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La concentración en Chimborazo no solo simboliza un reparto de recursos, sino un giro en la política agraria ecuatoriana: directa, sin intermediarios y con consecuencias legales para quienes obstaculicen el acceso a derechos básicos. Mientras el Gobierno avanza en su meta de 100.000 beneficiarios, la pregunta que queda es cómo se sostendrá esta estrategia en el mediano plazo, y si logrará transformar estructuralmente el campo ecuatoriano.
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