EE. UU. expande búsqueda de acuerdos de deportación a terceros países

La administración Trump solicita a Ecuador y España recibir migrantes no ciudadanos, según documentos revelados por CBS News.

La administración de Donald Trump ha intensificado su campaña para persuadir a países de todo el mundo a colaborar en su política de deportación de migrantes que no son sus propios ciudadanos. Documentos internos del gobierno, obtenidos por CBS News, revelan que Estados Unidos habría solicitado a Ecuador y España aceptar migrantes deportados desde su territorio que no son ciudadanos de estas naciones. Esta iniciativa, reportada a partir del 19 de agosto de 2025, surge tras el aval de la Corte Suprema de EE. UU. a la reanudación de deportaciones a terceros países con un proceso abreviado. La estrategia busca apoyar la ofensiva contra la inmigración irregular y ya ha resultado en acuerdos con al menos una docena de gobiernos, incluyendo Honduras y Uganda.

La solicitud a Ecuador y España en la mira

Según los documentos internos de la administración Trump, a los que accedió CBS News, Estados Unidos ha solicitado explícitamente a Ecuador que evalúe la posibilidad de recibir a migrantes deportados desde su territorio que no son ciudadanos ecuatorianos. El informe detalla que Ecuador sería considerado un “país seguro” para recibir deportados de terceros países sin antecedentes penales. Se asume que la mayoría de estos migrantes podrían ser venezolanos y colombianos debido a sus lazos familiares y de amistad en Ecuador, aunque no se descarta la presencia de otras nacionalidades. Hasta el momento, no existen detalles públicos sobre una respuesta oficial del Gobierno ecuatoriano, y la Cancillería ecuatoriana tampoco se ha pronunciado al respecto.

CBS News también indicó que funcionarios estadounidenses habrían entablado conversaciones con España y otros gobiernos con el mismo propósito. Un alto funcionario del Departamento de Estado, consultado sobre el tema, evitó comentar sobre el contenido de las negociaciones diplomáticas privadas, pero afirmó que el Departamento de Estado está haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de proteger a los estadounidenses mediante la expulsión de inmigrantes indocumentados.

Una red global de acuerdos de deportación

La estrategia de Washington ya ha rendido frutos en otras regiones. Al menos una docena de gobiernos ya habrían aceptado o negociado convenios de este tipo. Entre los acuerdos destacados, Uganda ha accedido a recibir deportados de otros países africanos sin antecedentes penales. El ministerio de asuntos exteriores de Uganda confirmó el acuerdo, especificando que se refiere a nacionales de terceros países a quienes no se les conceda asilo en EE. UU., con la condición de que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. Por su parte, Honduras habría aceptado a migrantes de naciones latinoamericanas de habla hispana, incluidas familias con niños. El acuerdo con Honduras contempla un número relativamente pequeño de deportaciones iniciales, pero podría expandirse.

Otros países que han aceptado o acordado recibir deportaciones de migrantes que no son sus propios ciudadanos bajo la administración Trump incluyen México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Kosovo. Recientemente, el Departamento de Estado anunció la firma de un acuerdo de asilo de “tercer país seguro” con Paraguay. Estos acuerdos se amparan en disposiciones de la legislación migratoria estadounidense que permiten redirigir a solicitantes de asilo hacia naciones que, según Washington, pueden tramitar sus pedidos de protección de manera justa. La Corte Suprema de EE. UU. ha permitido la reanudación de deportaciones a terceros países con un aviso mínimo y un proceso abreviado.

Estrategia de intimidación y sus motivaciones

La administración Trump argumenta que estos acuerdos son cruciales para su campaña de deportaciones masivas, especialmente porque algunos migrantes no pueden ser deportados fácilmente a sus países de origen debido a relaciones diplomáticas tensas u otras razones. La estrategia busca enviar un mensaje de intimidación a quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos, destacando la posibilidad de ser enviados a países distantes donde no tienen vínculos. Doris Meissner, quien supervisó el Servicio de Inmigración y Naturalización durante la administración Clinton, sugirió que la administración Trump podría estar utilizando diferentes formas de influencia, como amenazas de sanciones de visas y compromisos de financiación, para persuadir a la mayor cantidad posible de países a aceptar a deportados de otras naciones.

En abril de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó: “Estamos buscando activamente otros países para acoger a personas de terceros países”. Troy Edgar, subsecretario de Seguridad Nacional de EE. UU., calificó estos acuerdos como “un gran paso” en los planes para frenar la entrada de migrantes al país. Meissner añadió que la “autodeportación por miedo” es uno de los objetivos principales detrás de esta política para incentivar la salida voluntaria de quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos.

Preocupaciones por los derechos humanos

A pesar de la justificación de la administración, la política ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Advierten que muchos migrantes podrían ser enviados a países con historiales de abusos o falta de garantías adecuadas para la protección de sus derechos. Un ejemplo de esto es Uganda, un país que ha cooperado con agencias humanitarias, pero cuyo propio Departamento de Estado de EE. UU. reconoció recientemente un deterioro en su situación de derechos humanos, citando asesinatos ilegales, arrestos “arbitrarios” y desapariciones. Meissner también señaló que los esfuerzos para deportar a terceros países generalmente se realizaban solo en “casos excepcionales” en administraciones anteriores.

En definitiva, la solicitud de Estados Unidos a Ecuador y España para que acojan a migrantes no ciudadanos deportados, revelada por CBS News, marca una nueva fase en la ambiciosa estrategia migratoria de la administración Trump. Aunque justificada por Washington como una medida para la seguridad nacional, esta expansión global de acuerdos de deportación plantea importantes interrogantes sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes y las implicaciones diplomáticas para los países receptores en América Latina y otras regiones. La comunidad internacional sigue atenta a los desarrollos y posibles respuestas a esta política de largo alcance.