“Rechazados”: el informe que desnuda la crisis migratoria en América Latina

Miles de migrantes varados enfrentan violencia, abandono y deterioro de salud tras el endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU., México y Centroamérica

Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), publicado en agosto de 2025, documenta el devastador impacto humano de los cambios en la política migratoria en Estados Unidos, México y América Central. Basado en más de 90,000 consultas médicas, 17,000 atenciones psicológicas y entrevistas con migrantes y personal humanitario en Panamá, Honduras, Guatemala y México, el estudio revela una crisis regional marcada por violencia, desprotección y una drástica reducción de la ayuda humanitaria.

“Rechazados”: el informe que desnuda la crisis migratoria en América Latina

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, las políticas migratorias se han endurecido drásticamente. La suspensión de la aplicación CBP One y el cierre de vías legales para solicitar asilo han dejado a más de 300,000 personas varadas en México, según MSF. Esta situación ha generado un efecto dominó en países como Guatemala, Honduras y Panamá, que han intensificado sus controles fronterizos y tácticas de disuasión.

La estrategia de externalización de la frontera estadounidense ha implicado el financiamiento de patrullajes, retenes y deportaciones en terceros países. México, por ejemplo, desplegó 10,000 efectivos adicionales en su frontera norte, mientras que Guatemala y Honduras reforzaron sus operativos con apoyo de programas como CARSI e INL.

El informe de MSF advierte que la narrativa oficial que presenta la migración como “controlada” oculta una realidad alarmante: miles de personas atrapadas en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni protección legal. En Ciudad de México, Tapachula y Ciudad Juárez, los migrantes se han desplazado a barrios periféricos donde enfrentan riesgos de violencia, explotación laboral y control por parte de grupos criminales.

En Ecuador, el aumento de la violencia desde 2021 ha sido uno de los factores que impulsa la migración. Según datos citados por MSF, los homicidios aumentaron un 58 % en los primeros cuatro meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. La presión de grupos armados y la falta de oportunidades han obligado a miles de ecuatorianos a buscar rutas hacia el norte, enfrentando peligros en el Darién, México y Centroamérica.

“Rechazados”: el informe que desnuda la crisis migratoria en América Latina

Entre enero de 2024 y mayo de 2025, MSF realizó más de 90,000 consultas médicas en la región, con México concentrando el 57 % de ellas. Las afecciones más comunes incluyen enfermedades respiratorias, gastrointestinales, musculoesqueléticas y lesiones por violencia. Además, se atendieron 11,850 consultas de salud sexual y reproductiva y casi 3,000 casos de violencia sexual, muchos ocurridos en el Tapón del Darién.

La salud mental es otro eje crítico. MSF documentó 17,000 consultas psicológicas, el 75 % en México. El impacto emocional de la criminalización, el estigma y la incertidumbre ha generado cuadros graves de ansiedad, depresión y estrés postraumático. En Tapachula, por ejemplo, el número de consultas se duplicó tras el triunfo electoral de Trump en noviembre de 2024.

Aunque las deportaciones masivas prometidas por el Gobierno estadounidense no se han materializado en cifras, sí se han intensificado en violencia y arbitrariedad. Migrantes han sido encadenados en vuelos militares, separados de sus familias y enviados a países donde no tienen redes de apoyo ni protección legal.

Panamá, Honduras y Guatemala han firmado acuerdos para recibir deportados de diversas nacionalidades, incluyendo venezolanos, colombianos y haitianos. Sin embargo, muchos de estos países carecen de infraestructura para garantizar atención médica, asesoría legal o refugio seguro. En Colón, Panamá, MSF ha documentado casos de migrantes que deben pagar hasta 280 dólares por un viaje en barco hacia Colombia, exponiéndose a naufragios y extorsiones.

El informe también denuncia una reducción drástica en la presencia de organizaciones humanitarias. MSF cerró cinco proyectos entre enero y julio de 2025 y advierte que otros dos están por finalizar. En Honduras, por ejemplo, solo seis ONG permanecen activas, y dos se limitan a gestionar centros de descanso.

La disminución de fondos internacionales, especialmente tras el cierre de USAID, ha afectado programas de salud, protección, nutrición y atención especializada. En Ciudad Juárez, los servicios pediátricos y obstétricos han sido suspendidos, mientras que en Tapachula, los programas de salud mental y VIH para la comunidad LGBTIQ+ han sido recortados.

MSF concluye con seis recomendaciones clave: detener las políticas de disuasión y externalización, defender el derecho al asilo, prohibir las devoluciones arbitrarias, garantizar el acceso a atención médica sin discriminación, reforzar los sistemas de protección y combatir la estigmatización y militarización de la migración.

“La región debe actuar ahora para proteger, no castigar, a las personas que buscan seguridad”, señala el informe. “Detrás de cada política hay personas reales: sobrevivientes de tortura, familias que huyen del peligro, niños que cruzan solos las fronteras”.

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