Ecuador elimina subsidio al diésel: compensaciones y reacciones

El gobierno redistribuirá USD 1.100 millones en 18 medidas para transporte, agricultura y familias vulnerables, mientras enfrenta críticas y especulación.

El viernes pasado, el gobierno de Ecuador anunció la eliminación total del subsidio al diésel —que elevó su precio a USD 2,80 por galón— con el objetivo de redirigir USD 1.100 millones anuales hacia sectores vulnerables y productivos. La medida, defendida por la ministra de Economía, Sariha Moya, y los ministros Roberto Luque (Transporte), Harold Burbano (Desarrollo Humano) y Franklin Palacios (Agricultura), busca combatir el contrabando y la minería ilegal, pero genera incertidumbre en la ciudadanía ante posibles alzas en precios y movilizaciones sociales.

¿Por qué se eliminó el subsidio?

Según la ministra Sariha Moya, el subsidio al diésel era “altamente inequitativo” y financiaba, en muchos casos, redes de crimen organizado. Citó como ejemplo a Zamora Chinchipe, donde el consumo per cápita de diésel es cuatro veces superior al promedio nacional —780 galones mensuales frente a 190—, evidenciando fugas hacia minería ilegal y contrabando.

“Esta tubería rota la estamos cerrando”, afirmó Moya, subrayando que los recursos no se ahorrarán, sino que se reinvertirán en 18 medidas focalizadas. “No es un recorte, es una redistribución de justicia social”, insistió.

El déficit fiscal del país, que ronda los USD 3.000-4.000 millones, también presionó la decisión. Datos previos subestimaron el agujero fiscal —se hablaba de USD 2.800 millones, pero la cifra real superaba los USD 6.000 millones—, lo que obligó a reevaluar gastos estructurales como los subsidios.

Transporte: incentivos directos y renovación de flota

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, detalló el paquete de apoyo al sector: 23.000 transportistas de pasajeros (urbano, interprovincial e intercantonal) recibirán entre USD 400 y USD 1.000 mensuales durante 8 meses —prorrogables a 12— para evitar alzas en las tarifas.

“El pasaje no subirá”, aseguró Luque, quien destacó que ya se han registrado más de 2.000 conductores en la plataforma registros.mtop.gov.ec. Además, anunció un programa de chatarrización: quienes renueven sus vehículos antiguos recibirán hasta USD 20.000 como bono inicial para acceder a créditos blandos de BanEcuador al 7% a 7 años.

Para el transporte de carga, no hay compensación directa, pero se impulsarán mesas técnicas con el sector privado para ajustar fletes “bajo criterios técnicos, no especulativos”. También se invertirán USD 33 millones en zonas de descanso y control de pesos y dimensiones.

Agricultura: bonos, tractores y créditos blandos

Franklin Palacios, ministro de Agricultura, presentó tres ejes de apoyo al campo:

1. Bono Raíces: USD 1.000 para 100.000 agricultores en pobreza extrema, identificados mediante el Registro Social y el padrón de agricultura familiar. Los pagos comenzaron el lunes siguiente al anuncio.
2. Entrega de tractores: 1.200 unidades de mediana y alta gama para asociaciones campesinas. En octubre se entregarán las primeras 200; otras 200 llegarán antes de fin de año.
3. Crédito 7×7: Financiamiento de BanEcuador al 7% a 7 años, desde USD 500 hasta USD 300.000, con requisitos escalonados según el monto.

Palacios minimizó el impacto en los precios: “En banano, el costo adicional por caja es de 3 centavos”. Además, anunció la compra de 10.000 toneladas de arroz con USD 10 millones para estabilizar su precio, y operativos conjuntos con el SRI e intendencias para frenar la especulación.

Protección social: nuevos beneficiarios y devolución de IVA

Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, enfatizó que la medida es “redistributiva, no compensatoria”. Detalló:

• 55.000 nuevas familias se incorporarán al Bono de Desarrollo Humano, priorizando a quienes están en los deciles 1-3 de pobreza según el Registro Social.
• 115.000 adultos mayores recibirán la devolución del IVA, con una inversión inicial de USD 130 millones.
• Constructores accederán a USD 70 millones en devolución de IVA, condicionado a la continuidad de obras y generación de empleo.

Burbano también destacó que 1.700 fiscales recorren el país para controlar precios y pidió a la ciudadanía denunciar abusos. “Confiamos en que el sector privado actuará con responsabilidad social”, dijo.

Reacciones y desafíos: entre la desinformación y la movilización

Aunque el gobierno insiste en que la medida es “irreversible”, sectores como la CONAIE, gremios de transporte pesado y partidos políticos como el Social Cristiano han expresado rechazo. En Julio Andrade (Carchi) hubo bloqueos, aunque fueron despejados con dos detenidos.

Los ministros reconocen el riesgo de desinformación. “Muchos dirigentes movilizan territorios con mentiras”, admitió Burbano. Por eso, el gobierno desplegó equipos territoriales para socializar las medidas puerta a puerta.

Luque reconoció que no se dialogó con todos los 50 dirigentes nacionales de transporte, pero afirmó que “el diálogo está abierto”. Moya, por su parte, descartó tocar el subsidio al GLP: “Ese subsidio sí es equitativo y no está en la agenda”.

Una apuesta de alto riesgo

La eliminación del subsidio al diésel es la reforma estructural más audaz del gobierno en materia económica. Su éxito dependerá de tres factores: la efectividad en la entrega oportuna de compensaciones, la capacidad de controlar la especulación en precios, y la habilidad política para contener movilizaciones sociales.

Si logra cumplir sus promesas, Ecuador podría sentar un precedente regional en focalización de subsidios. Si falla, podría enfrentar una crisis social como las de 2019 o 2022. La ciudadanía, por ahora, observa —y espera— con escepticismo y esperanza.