Dignidad y derecho advierte vacíos constitucionales y sanitarios en el informe de primer debate de la Ley de Reproducción Asistida

• Durante una sesión pública de la Asamblea Nacional, el Estudio Jurídico Dignidad y derecho (Dyd), advirtió vacíos constitucionales, sanitarios y de técnica legislativa en el informe de primer debate, que deben corregirse antes del segundo debate para evitar una ley incompatible con la Constitución.
• Congelación de embriones, anonimato de donantes y riesgos sanitarios no evaluados figuran entre los principales vacíos del informe de primer debate, según Dignidad y derecho.

Quito, 11 de febrero de 2026.- En el marco de la sesión pública de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el Estudio Jurídico Dignidad y derecho (Dyd) compareció junto al doctor Francisco Guell Pelayo, especialista de la Comisión Europea en reproducción asistida para exponer observaciones técnicas y constitucionales al informe de primer debate del Proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida, actualmente en análisis legislativo.

Durante su intervención, Dyd reconoció avances puntuales del informe, como la prohibición expresa de la maternidad subrogada, en línea con estándares internacionales de derechoshumanos. No obstante, advirtió que el texto mantiene problemas estructurales que deben ser subsanados antes de avanzar al segundo debate, a fin de evitar contradicciones con la Constitución, la jurisprudencia vigente y la evidencia científica actualizada.

Las observaciones presentadas se concentraron en aspectos críticos del proyecto de ley, entre los que se destacan los siguientes:

1. La congelación de embriones y gametos: el informe de primer debate incluye la posibilidad de bancos de embriones congelados sin que exista una regulación clara dentro de la ley. Este procedimiento es seriamente cuestionado por varias corrientes de bioética, además de representar un aumento de riesgos de salud para las personas que nacerán de embriones criocongelados. 

1. La reducción de la protección constitucional a la vida: los considerandos establecen que se protegerá la vida de forma “gradual e incremental”, lo cual puede entrar en incompatibilidad con el artículo 45 que reconoce la protección a la vida desde la concepción.

1. La donación anónima de gametos: el proyecto incluye este elemento como un procedimiento para el uso de técnicas de fecundación in vitro (FIV). Estos artículos atentan contra el derecho de los niños a conocer su origen, a la identidad y a conocer las marcas genéticas que pueden ayudar a prevenir enfermedades en el desarrollo.

1. Ausencia del interés superior del menor como principio rector, especialmente en las potenciales afectaciones de salud a futuro, según las investigaciones más recientes.

1. Necesidad de reforzar el consentimiento informado: el proyecto de ley carece de los mecanismos para explicar las probabilidades reales de concepción y nacimiento bajo estos métodos, lo cual busca orientar a las familias que se someten a los procedimientos generando expectativas realistas.

1. Falta de promoción de medicina restaurativa: la fecundación in vitro no resuelve el problema de la infertilidad de las parejas, sino que la sustituye mediante procedimientos onerosos y desgastantes. Muchas parejas no necesitarían recurrir a la FIV si el sistema de salud garantiza medicina restaurativa y naprotecnología, que resulta menos invasiva y costosa, además de ofrecer soluciones reales a la infertilidad.

En relación con el rol de la Comisión, Dyd subrayó que el proyecto no es definitivo y que el proceso legislativo aún permite realizar correcciones sustantivas.

“La Comisión tiene hoy el reto de armonizar estos temas, que son especialmente delicados, con los principios constitucionales y con lo dispuesto por la Corte. Nos han pedido aportes para encontrar una salida, y estamos aquí justamente para ayudar a construir una ley que se encuentre a la vanguardia de la investigación científica y que proteja derechos fundamentales de todos: familias, profesionales, jueces y el propio Estado.”, señaló el Ab. Víctor Manuel Valle, vicepresidente de Dyd durante la comparecencia.

La organización alertó que las sentencias en las que se basa la ley como el caso Artavia Murillo, datan del año 2012 donde todavía no se tenía estudios concluyentes sobre las afectaciones de salud de las personas concebidas por estas técnicas. 

En materia de derecho a la identidad, la organización alertó que el informe mantiene como regla general el anonimato de donantes, lo cual —según explicó— vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución, al impedir que niños y niñas concebidos mediante estas técnicas conozcan su procedencia familiar y antecedentes médicos relevantes para su salud.

Por su parte, el doctor Francisco Guell expuso los riesgos sanitarios asociados a determinadas prácticas de reproducción asistida, enfatizando que la información científica disponible hoy obliga al legislador a revisar con cautela procedimientos como la fecundación in vitro, la criopreservación embrionaria y sus posibles impactos a largo plazo en mujeres y en las personas nacidas bajo estas técnicas.

“Estamos en la recta final para la votación de la ley y tenemos todavía muchas inconsistencias. Si estas advertencias se toman en serio y se traducen en ajustes reales, es posible avanzar hacia una ley que ayude a las personas. De lo contrario, el país se enfrentaría a una norma incompatible con la Constitución”, concluyó Valle.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores institucionales a dar seguimiento al texto que se presente para segundo debate, etapa que será decisiva para evaluar si el proyecto logra corregir las observaciones planteadas o si, por el contrario, amerita decisiones más drásticas dentro del proceso legislativo.

Fuente: Luis Antonio Tomalá

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