Consejo de Mayo presenta informe final con reformas clave para Argentina

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló ocho de los diez puntos pactados en 2023, excluyendo coparticipación federal y reforma previsional.

El 10 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo, organismo consultivo creado tras el Pacto de Mayo firmado en julio de 2023, presentó su informe final con propuestas legislativas en ocho áreas críticas para la recuperación económica de Argentina. Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Ejecutivo enviará estas iniciativas al Congreso, priorizando leyes en sesiones extraordinarias y durante el período ordinario de 2026. El documento, resultado de seis reuniones plenarias y mesas técnicas, busca institucionalizar reformas en propiedad privada, fiscalidad, educación y comercio internacional, entre otros ejes.

Contexto del Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo se formó para traducir en leyes los 10 puntos acordados por representantes de 18 provincias argentinas en el Pacto de Mayo de 2023. Sin embargo, dos temas —la reforma de la coparticipación federal de impuestos y la previsional— quedaron fuera del informe. Según Adorni, el primero requiere la participación de todos los gobernadores, mientras que el segundo depende de avances previos en modernización laboral. El organismo, integrado por la CGT, la UIA, legisladores y representantes provinciales, trabajó con propuestas escritas para evitar debates abstractos.

Reformas en propiedad privada y territorio

El informe prioriza garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. Entre las medidas destacan: una nueva ley de expropiaciones con indemnizaciones al valor de mercado actualizadas por inflación, la eliminación de restricciones a la venta de tierras en barrios populares a personas jurídicas y la liberalización de la compra de tierras rurales por extranjeros. También se derogará una norma que prohibía cambiar la actividad productiva en campos afectados por incendios durante 30 a 60 años, calificada por Adorni como un “atentado contra la producción”.

Equilibrio fiscal y reducción del gasto público

El Consejo propone una ley de estabilidad fiscal y monetaria que prohíbe el déficit presupuestario, establece mecanismos de ajuste automático ante desvíos y penaliza el gasto sin partida presupuestaria. Adorni alertó que, aunque la Nación redujo el gasto en 2025, provincias y municipios lo incrementaron, rompiendo la tendencia de 2024, cuando el gasto consolidado bajó del 42% al 31% del PBI. Para alcanzar el objetivo del 25%, se sugiere congelar el gasto primario real y excluir de aportes federales (ATN) a jurisdicciones que no cumplan metas.

Educación, tributos y recursos naturales

En educación, el plan otorga autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, mantiene contenidos mínimos nacionales y fortalece evaluaciones públicas. La reforma tributaria incluye simplificación de declaraciones de Ganancias, exenciones de IVA para energía en agroindustria y eliminación de impuestos internos a bienes como celulares, autos y seguros. Sobre recursos naturales, se revisarán leyes de Glaciares, Bosques y Acuicultura, y se eliminarán normas que limitan la mano de obra en minería para integrar el mercado nacional.

Laboral, comercio y próximos pasos

La modernización laboral —filtrada parcialmente a la prensa— aborda ultractividad, cargas fiscales y trabajo en plataformas digitales. Argentina, según el informe, es “el país más cerrado del mundo” en comercio internacional; por ello, se priorizará la ratificación de tratados como el de cooperación en patentes. El Ejecutivo subirá todos los proyectos y documentos técnicos a argentina.gob.ar, incluyendo propuestas no adoptadas, para transparencia. La agenda legislativa de 2026 se basará en este informe, según Adorni.

El Consejo de Mayo marca un hito en la estrategia del gobierno argentino para institucionalizar reformas estructurales. Su éxito dependerá de la aprobación parlamentaria y la coordinación con provincias, especialmente en un contexto de recuperación económica. La transparencia en la publicación de documentos busca generar consenso social, aunque críticos cuestionan la exclusión de temas sensibles como la coparticipación federal. Mientras, el Ejecutivo apunta a posicionar estas medidas como el camino hacia la “libertad y prosperidad” prometidas desde 2023.