La ministra de Gobierno asegura que el gobierno ha abierto canales de mediación, pero la CONAIE los ha rechazado. Mientras, el paro cumple 15 días con fuertes impactos económicos y sociales.
En una entrevista exclusiva con Teleamazonas, la ministra de Gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, afirmó que el Ejecutivo ha buscado reiteradamente el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) durante los 15 días del paro nacional, pero no ha encontrado respuesta. Rovira denunció amenazas de la dirigencia indígena, rechazó ceder en medidas económicas clave y defendió el estado de excepción en Imbabura y Carchi como respuesta a la “grave conmoción” en esas zonas.
Gobierno insiste en diálogo, pero acusa falta de voluntad de la CONAIE
La ministra Zaida Rovira reiteró que el gobierno ha mantenido una postura abierta al diálogo con todos los pueblos y organizaciones indígenas. Sin embargo, señaló que la dirigencia de la CONAIE ha rechazado sistemáticamente las invitaciones, incluso cuando se han involucrado actores neutrales como la Iglesia católica y universidades.
“Hemos aceptado con muy buenos ojos la participación del clero y de las universidades. El lunes 29 en Ibarra, se convocó una mesa con todos esos actores… y minutos antes de la reunión, nos dijeron que no asistirían”, afirmó Rovira. Según la ministra, esto demuestra que no existe una verdadera disposición al diálogo por parte de la cúpula de la CONAIE.
Paro ya no gira en torno al subsidio al diésel, dice el gobierno
Inicialmente, la protesta fue convocada en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y al alza del IVA. No obstante, Rovira sostuvo que los reclamos han mutado hacia una oposición frontal a la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.
“Ya no hablan del motivo original. Ahora todo es ‘no a la consulta popular’. Incluso han llamado a votar ‘no’ antes de que inicie formalmente la campaña”, señaló la ministra, quien enfatizó que esta actitud responde a intereses políticos más que a demandas sociales legítimas.
El gobierno ha implementado medidas focalizadas para mitigar el impacto económico en sectores vulnerables, incluyendo transferencias directas en salud y educación. Pese a ello, Rovira aseguró que la CONAIE exige “comprar” al gobierno con demandas que no considera viables, como la reversión del IVA o la liberación de detenidos por actos vandálicos.
Estado de excepción y tensión con la Corte Constitucional
Ante el cierre de vías, actos de violencia y amenazas de tomar ciudades, el Ejecutivo amplió el estado de excepción a Carchi e Imbabura. Rovira defendió la medida como necesaria frente a una “grave conmoción” y criticó a la Corte Constitucional por declarar inconstitucional un decreto anterior.
“La Corte sigue separada de la realidad. Con esa decisión, le dice a los violentos que pueden hacer lo que quieran”, expresó. El gobierno emitió un nuevo decreto, esperando que los jueces “revisen las redes sociales” y comprendan la urgencia de proteger a la ciudadanía.
La ministra también condenó las declaraciones del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y del dirigente Marlon Vargas, a quienes acusó de evocar escenarios de golpes de Estado al recordar la salida de expresidentes como Lucio Gutiérrez. “Eso no es protesta, eso es amenaza”, afirmó.
Impacto económico y estrategia del feriado prolongado
Según gremios empresariales, el paro ya ha generado pérdidas superiores a los 70 millones de dólares. Ante este panorama, el gobierno decidió extender el feriado del 9 de octubre con el objetivo de reactivar la economía en provincias afectadas.
Rovira explicó que la medida busca “dar oxígeno a los negocios” y “bajar los ánimos”. Además, insistió en que el Ejecutivo no permitirá que “un grupo minoritario secuestre al país”. Hasta la fecha, hay 111 personas detenidas por actos de vandalismo y terrorismo.
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Mientras el paro indígena entra en su tercera semana, el gobierno mantiene su postura: diálogo sí, pero sin ceder ante presiones o amenazas. La ministra Rovira dejó claro que las puertas están abiertas para quienes busquen soluciones concretas, no para quienes, según ella, instrumentalizan las necesidades del pueblo indígena con fines políticos. En medio de la incertidumbre, el país espera que prevalezca la institucionalidad sobre la confrontación.
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