¿Dónde termina el derecho a protestar y comienza la imposición por la fuerza? En su editorial en Un Café con JJ, el periodista Jimmy Jairala traza una línea clara: el derecho a manifestarse existe, pero no incluye paralizar ciudades, agredir a ciudadanos o impedir que comerciantes y agricultores trabajen.
Lo que ocurre en las calles —bloqueos, amenazas y tomas de vías— no es resistencia cívica, sino una estrategia antigua: imponer por la fuerza lo que no se logró en las urnas. El costo lo paga el Ecuador cotidiano: el microempresario sin ventas, el campesino con cosecha estancada, la madre que pierde su cita médica.
Mientras, las verdaderas urgencias del país —seguridad, empleo, salud, educación e inversión— exigen soluciones, no caos. Jairala subraya que tirar piedras no llena hospitales ni crea empleo. Quienes organizan el desorden dicen defender al pueblo, pero lo primero que hacen es impedirle trabajar.
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La democracia se construye con reglas, diálogo y votos, no con chantaje ni impunidad. Hoy, el país enfrenta una disyuntiva: seguir secuestrado por minorías del bloqueo o apostar por una mayoría silenciosa que prefiere producir antes que protestar. El progreso no se toma a empujones; se construye con urnas, no con barricadas.
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