Guayaquil bajo fuego: 12 bombas, un Porsche y un silencio incómodo

El ex candidato presidencial exige explicaciones tras la aparición de un vehículo de propiedad de Industrial Molinera en la vivienda de un sospechoso del atentado de la Bahía.

¿Qué ocurrió en Guayaquil el 3 de junio de 2025? El abogado y ex candidato presidencial Pedro Granda reveló en A Primera Hora que un Porsche Cayenne, registrado a nombre de Industrial Molinera —empresa vinculada al presidente Daniel Noboa—, fue visto en la vivienda de un detenido por el atentado con explosivos en la Bahía. La denuncia, presentada ante la Asamblea Nacional, pone en cuestión la transparencia de la investigación y exige al Ejecutivo una explicación pública. El caso se enmarca en una ola de violencia sin precedentes: 12 bombas en lo que va del año, 312 bandas criminales activas y una tasa de 8,2 homicidios diarios en Guayaquil.

Una secuencia de hechos que generan dudas

Según el relato de Granda, el 3 de junio de 2025 cuatro individuos perpetraron un atentado con mochila explosiva en las calles Noguchi y Huancavelica, en el centro de Guayaquil. Las cámaras de SEGUREP captaron el momento en que uno de ellos lanzó el artefacto y huyó en motocicleta, acompañado de un Nissan Sentra. Minutos después, la Policía detuvo a un sospechoso en la isla Trinitaria, en cuyo poder hallaron las llaves del vehículo usado en el ataque.

Treinta minutos después de la detención, un Porsche Cayenne ingresó al mismo domicilio. La conductora —identificada como una mujer joven— entró y salió del inmueble al menos tres veces. El vehículo, según registros de la Agencia Nacional de Tránsito, pertenece a Industrial Molinera, empresa emblemática del presidente Noboa. No existe reporte de robo del automóvil.

Fiscalía y justicia: decisiones cuestionadas

Granda señaló que, pese a los indicios —vídeos, llaves del auto, presencia del Porsche—, la fiscalía local decidió abstenerse de acusar al detenido. El caso fue elevado al fiscal provincial René Studillo, quien ratificó la decisión. “No se solicitó siquiera prisión preventiva ni medidas alternativas”, criticó Granda, quien insiste en que los indicios cumplen con los estándares legales para avanzar en una investigación penal.

Además, denunció que el teléfono del detenido —marca Infinix— no fue peritado por la Policía, pese a contar con tecnología para hacerlo en menos de 15 minutos. “Dicen que tiene clave, pero eso no es obstáculo técnico”, afirmó.

Un Porsche de Industrial Molinera estuvo en la casa de un detenido por el atentado del 3/6 en Guayaquil.
¿Por qué la fiscalía lo liberó sin investigar?
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— PrensaEc (@PrensaEc1) October 23, 2025

Silencio presidencial y crisis de seguridad

El ex candidato lamentó el silencio del presidente Noboa y de la ministra del Interior, Sadia Rovira, frente a este caso. “En una democracia, el ejercicio del poder exige explicaciones cuando hay hechos probados”, dijo. Recordó que Guayaquil registra un aumento del 335 % en criminalidad en los últimos 30 meses y que la ciudad figura entre las siete más violentas del mundo.

Granda también criticó la designación de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, a quien considera sin experiencia en política criminal. “Habla del gato cuando nosotros hablamos del perro”, señaló, aludiendo a la desconexión entre el debate político y la realidad de las calles.

¿Un solo grupo detrás de las 12 bombas?

El abogado sostiene que las 11 primeras explosiones en Guayaquil comparten modus operandi: mochilas con mecha larga y dinamita artesanal. Solo el atentado en el Mall del Sol —con un muerto y decenas de heridos— mostró indicios de uso de C4, lo que sugiere una posible evolución en los recursos del grupo responsable.

Consultado por expertos internacionales en criminología (de universidades como Coimbra y Bolonia), Granda afirma que existe un 90 % de probabilidad de que todas las explosiones respondan a una misma organización criminal. “Dejar en libertad a un sospechoso clave es burlarse del dolor de Guayaquil”, concluyó.

La denuncia de Pedro Granda no acusa, pero exige transparencia. En un país donde la desconfianza en las instituciones crece junto con la violencia, cada silencio del poder se convierte en ruido ciudadano. Ante hechos verificables —como la propiedad del vehículo y su presencia en una escena clave—, la ciudadanía merece respuestas, no especulaciones. La seguridad no es un asunto partidista: es un derecho fundamental que requiere coordinación, seriedad y rendición de cuentas.