El Ministro de Inclusión Económica y Social detalla la respuesta del Ejecutivo ante las inundaciones y la implementación de bonos para mitigar los efectos de la crisis.
Con una política de bonos y programas de reactivación económica, el Gobierno ecuatoriano busca paliar los estragos de la temporada invernal. Sin embargo, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de estas medidas persisten. En entrevista con A Primera Hora, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, defiende la estrategia oficial y asegura que los recursos provienen de un “gasto corriente” ordenado, no de endeudamiento.

Ecuador enfrenta una crisis climática sin precedentes. Las lluvias han causado estragos en 23 de las 24 provincias del país, dejando a su paso 20 muertos y afectando a más de 130,000 personas de manera directa. Sin embargo, el ministro Burbano va más allá y estima que el número real de damnificados, considerando las afectaciones indirectas, podría superar las 350,000 personas. “Esto se veía venir”, admite, asegurando que desde junio de 2024 el Gobierno tenía una estrategia planificada para enfrentar la crisis.
Burbano detalla que la estrategia gubernamental tiene tres momentos clave: prevención, contención y reactivación. En la primera fase, se identificaron necesidades y vulnerabilidades en los territorios. En la segunda, entre enero y marzo, se desplegaron intervenciones de emergencia: 135,000 kits de ayuda humanitaria, 86,000 kits de ayuda social y 6,500 bonos de contingencia. “No cerramos servicios de salud, educación y cuidado”, recalca, subrayando que la prioridad fue mantener el acceso a servicios esenciales.
La tercera fase, actualmente en marcha, se enfoca en la reactivación económica. Para ello, el Gobierno ha implementado el programa Incentivo Emprende, que otorga $1,000 no reembolsables a pequeños negocios y emprendedores. Con un presupuesto de $100 millones, el plan busca beneficiar a 100,000 ecuatorianos. Adicionalmente, el programa Ecuatorianos en Acción ofrece ingresos a 120,000 personas desempleadas a cambio de actividades comunitarias, con una inversión total de $220 millones.

El financiamiento de estos programas genera interrogantes. En un país con un déficit fiscal crónico, la expansión del gasto social despierta escepticismo. Pero Burbano es categórico: “Estos programas no se financian con deuda. Son parte del gasto corriente”. Explica que la mejora en la recaudación tributaria y medidas como la estabilización de precios de combustibles han permitido sostener estas ayudas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Aun así, el Gobierno ha sido acusado de utilizar estos anuncios con fines electorales. El ministro rechaza esta lectura y enfatiza que la planificación se realizó meses antes del proceso electoral. “No son un montón de bonos dispersos, sino estrategias bien estructuradas para garantizar la protección social”, asevera.
El impacto de las lluvias sigue siendo una preocupación latente. Manabí, una de las provincias más afectadas, enfrenta una crisis hídrica tras la declaratoria de emergencia del sistema de trasvase. “Hemos pasado la parte más difícil”, afirma Burbano, pero reconoce que la situación sigue siendo frágil y se requiere coordinación con los gobiernos locales para garantizar el acceso a agua potable y vivienda.
Ecuador se encuentra en una encrucijada: la necesidad de atender emergencias humanitarias choca con la urgencia de mantener estabilidad fiscal. La estrategia gubernamental podrá aliviar temporalmente la crisis, pero queda por verse si la economía ecuatoriana tiene la capacidad de sostener estos esfuerzos a largo plazo.
Ante la creciente amenaza del cambio climático, la planificación y la sostenibilidad financiera se vuelven cruciales. ¿Será suficiente la estrategia del Gobierno para mitigar el impacto de futuras crisis o es solo un paliativo temporal?






Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.