Ministro Harold Burbano asegura que las protestas carecen de apoyo comunitario real y atribuye tensión a actores políticos externos.
En medio de bloqueos reportados en Imbabura, Pichincha y la vía Babahoyo-Guaranda, el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, afirmó en entrevista con A Primera Hora que el gobierno mantiene un diálogo constante con comunidades indígenas de base, rechaza acusaciones de desestabilización promovida por partidos políticos y defiende la eliminación del subsidio al diésel como medida redistributiva y de seguridad nacional. La declaración se produce en un contexto de creciente tensión social y cuestionamientos sobre la calidad de los servicios públicos.
Diálogo con las bases, no con las cúpulas
Burbano insistió en que el gobierno no ha cerrado las puertas al diálogo, pero matizó que este se realiza directamente con las comunidades —a quienes considera “desinformadas y presionadas”— y no necesariamente con las dirigencias nacionales como la CONAIE o FENOCIN. “Nosotros dialogamos donde se necesita el servicio: en la base. No hemos recibido solicitud de diálogo de Marlon Santi o de otras cabezas visibles”, afirmó.
El ministro, quien lidera la cartera antes conocida como MIES, señaló que desde Cotopaxi —donde se encontraba durante la entrevista— han logrado acceso constante a sectores históricamente marginados. “Esto no es improvisación. Es una estrategia de gestión desde el inicio de la administración”, subrayó.
Acusaciones a partidos y “racismo estructural”
Burbano fue explícito al señalar que la Revolución Ciudadana y facciones de otros partidos estarían “pescando en río revuelto” para generar inestabilidad. Aclaró que no los acusa de organizar las protestas, pero sí de “incentivarlas” mediante desinformación y cercanía con líderes locales.
“Hay un problema de racismo estructural —dijo—, tanto dentro de las organizaciones indígenas como desde partidos que usan a las comunidades como carne de cañón”. Invitó a los dirigentes a acercarse al gobierno para entender las medidas económicas, especialmente la eliminación del subsidio al diésel, que según él, “beneficia al crimen organizado y la minería ilegal”.
Redistribución, no ahorro: el argumento económico
Ante críticas sobre el destino de los USD 1.100 millones que dejarán de destinarse al subsidio, Burbano aclaró que solo USD 240 millones irán a bonos directos. El resto se destinará a: pago de deudas históricas, devolución de IVA a adultos mayores y constructores, compra de 1.200 tractores para agricultores, motores fuera de borda para pescadores y fortalecimiento del presupuesto en salud y educación.
“No estamos ahorrando ni pagando deuda externa —enfatizó—. Estamos redistribuyendo hacia quienes más lo necesitan y cerrando tuberías abiertas que no llegaban a la población vulnerable”.
Salud, infancia y detenciones: respuestas puntuales
Consultado sobre la crisis en salud, Burbano admitió que requiere “fuerza presupuestaria” y vinculó la medida del diésel con la posibilidad de financiar medicinas y pagos a proveedores. En el ámbito social, destacó el fortalecimiento de la Subsecretaría de Protección Especial para prevenir el reclutamiento de adolescentes por bandas criminales, en coordinación con Educación y Fiscalía.
Sobre la detención de Gina Betel Kawasqui en Otavalo, dijo desconocer el caso específico, pero reiteró que todas las detenciones se rigen por la independencia de poderes: “La Policía detiene, Fiscalía decide, y la Justicia actúa. No permitiremos impunidad en actos de exceso”.
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Mientras el país enfrenta una nueva ola de protestas, el gobierno insiste en su narrativa de cercanía con las bases y responsabiliza a actores políticos y dirigenciales de la escalada. La apuesta de Burbano —y del Ejecutivo— es posicionar la eliminación del subsidio no como un ajuste, sino como un acto de justicia social y seguridad. La ciudadanía, dividida entre el cansancio de la crisis y la desconfianza institucional, espera acciones concretas que validen estos discursos.
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