La titular de Ambiente y Energía justifica la decisión por incumplimientos legales del municipio en la recaudación indexada a la factura eléctrica.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció en una entrevista con Teleamazonas que el Gobierno nacional no reconocerá el convenio vigente con el Municipio de Quito para el cobro de la tasa de recolección de basura en las facturas de electricidad, al considerar que viola el artículo 60 de la Ley Orgánica de Gestión de Residuos. La decisión, tomada tras un análisis técnico y legal, forma parte de una revisión nacional que afecta a 41 municipios y busca proteger la transparencia y el bolsillo de los ciudadanos.
¿Por qué se rompe el convenio con Quito?
Durante su intervención en Teleamazonas, la ministra Manzano explicó que el convenio firmado entre el Municipio de Quito y la empresa eléctrica local no cumplió con tres requisitos legales obligatorios:
- No existe un listado actualizado de usuarios que reciben efectivamente el servicio de recolección.
- No se realizó un estudio técnico que justifique los montos cobrados.
- No hubo socialización previa con la ciudadanía, como exige la normativa.
“Cuando se firmó ese convenio, no se revisaron estos tres puntos. Hoy, al hacerlo, vemos que es ilegal”, señaló Manzano. Añadió que el vencimiento del acuerdo en diciembre no implica su renovación automática, dado que su base jurídica es defectuosa.
La tasa de basura: un peso desproporcionado en la factura eléctrica
La ministra presentó datos comparativos que evidencian la distorsión en el cobro. En Cuenca, por ejemplo, la tasa de recolección representa el 78,5 % del valor total en facturas comerciales y el 41 % en residenciales, a pesar de que el consumo eléctrico real es menor. En Quito, una factura promedio de USD 9 incluye USD 1,92 por recolección de basura y USD 2,35 por bomberos, sumando casi la mitad del monto total.
“Esto no es justo. La planilla eléctrica no puede ser un mecanismo de recaudación ilegal”, afirmó Manzano, destacando que el artículo 60 prohíbe indexar tasas municipales al consumo de energía, ya que esto distorsiona la equidad tarifaria y carece de sustento técnico.
Revisión nacional: 41 municipios bajo la lupa
El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (ARCONEL), ha identificado a 41 de los 222 municipios del país que aplican cobros similares sin cumplir los requisitos legales. Entre ellos figuran ciudades clave como Cuenca, Santo Domingo, Salinas, Santa Elena y Puerto Viejo.
Manzano enfatizó que la medida no busca confrontar a los gobiernos locales, sino garantizar transparencia y legalidad. “Esto es a favor de los ciudadanos, no en contra de los municipios”, dijo, recordando que desde agosto de 2023 se ha solicitado a las distribuidoras eléctricas y a ARCONEL auditar estos cobros.
Contexto: un debate más amplio sobre gestión municipal
La polémica se da en un momento de tensión entre el Ejecutivo y varios gobiernos locales por temas de autonomía y financiamiento. Sin embargo, el Ministerio insiste en que la legalidad prevalece sobre los acuerdos administrativos. La ministra recordó que desde 2019 los municipios tenían conocimiento de los requisitos, pero optaron por la vía más cómoda: usar la infraestructura de medición eléctrica para recaudar sin generar sus propios sistemas de facturación.
“No se trata de quitar recursos a los municipios, sino de que los obtengan de forma legal, transparente y justa”, aclaró.
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Hacia una factura eléctrica más clara
La decisión de no reconocer el convenio con Quito marca un precedente en la política de servicios públicos en Ecuador. Más allá del conflicto institucional, el caso pone en el centro un principio básico: los ciudadanos tienen derecho a saber qué pagan y por qué. Si los municipios ajustan sus procesos a la ley, podrán seguir recaudando —pero no a costa de la opacidad ni de la distorsión tarifaria. El reto ahora es construir mecanismos de recaudación propios, eficientes y legítimos.
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