¿Qué pasa cuando el gobierno elimina una fuente clave de ingresos municipales sin previo aviso? El alcalde de Quito, Pabel Muñóz, denuncia que la decisión del gobierno nacional de prohibir a la Empresa Eléctrica Quito cobrar la tasa de recolección de basura es una medida antitécnica, apresurada y contraria a la seguridad jurídica.
Según Muñóz, esta acción privará al municipio de unos 72 millones de dólares anuales —6 millones mensuales—, recursos esenciales para mantener el servicio de limpieza. Aunque asegura que el servicio no se interrumpirá, advierte que el municipio deberá cubrir un “hueco financiero” con fondos propios, lo que podría repercutir en los ciudadanos si se traslada el cobro a la planilla de agua potable, donde hay menos abonados y, por tanto, mayores cargas por usuario.
Además, la medida afecta también a la empresa eléctrica, que perdería 4,5 millones de dólares al año por dejar de gestionar el cobro.
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Muñóz reitera que no existe un canal de diálogo con el gobierno nacional y que Quito, junto con otras ciudades como Cuenca, enfrenta decisiones unilaterales que ponen en riesgo la sostenibilidad de servicios básicos. La ciudadanía merece planificación, no improvisación.
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