El alcalde de Quito detalla las implicancias legales y urbanísticas de la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa y las oportunidades para su recuperación integral
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aborda en entrevista con Teleamazonas la disputa legal por la propiedad del Estadio Olímpico Atahualpa y su impacto en el futuro del recinto. Muñoz destaca que, si el estadio permanece bajo propiedad municipal, el Municipio podrá desarrollar nueve proyectos de mejora inmediatos, en contraposición a solo cuatro si regresa a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha. El conflicto legal, iniciado con una acción de protección presentada por el Ministerio de Deportes, pone en tela de juicio la administración privada del estadio y abre un debate sobre el modelo de gestión deportiva en Quito.
“Si el Estadio Olímpico Atahualpa pasara a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha, el Municipio solo podrá realizar cuatro obras en el exterior del predio. Pero si se queda en manos del Municipio, podremos hacer nueve”, afirma Muñoz. El alcalde también destaca: “La concentración deportiva de Pichincha no es una entidad pública, es una entidad privada que ha manejado el estadio de manera deficiente. El deterioro del recinto es evidente, y el Municipio está listo para intervenir”.
El conflicto por la propiedad del Estadio Olímpico Atahualpa surge tras la reversión de la donación realizada por el Municipio de Quito en 1966. La donación establecía condiciones como el mantenimiento del estadio y la construcción de áreas deportivas adicionales, las cuales no han sido cumplidas según el Municipio. El alcalde Muñoz ha registrado el estadio como propiedad municipal, lo que ha generado una acción de protección por parte del Ministerio de Deportes, buscando devolver el estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha. La audiencia legal está programada para el próximo viernes.
El alcalde Muñoz presenta una visión optimista sobre la recuperación del estadio bajo propiedad municipal, destacando la capacidad del Municipio para intervenir en áreas como el soterramiento de cables, mantenimiento de áreas verdes, iluminación ornamental y seguridad física del recinto. Además, propone un modelo de alianza público-privada para financiar la recuperación integral del estadio, estimando un proceso de estructuración de hasta 18 meses. Expertos en gestión urbana ven esta estrategia como viable, aunque advierten sobre la necesidad de claridad en los objetivos y la importancia de un estudio estructural previo para definir el futuro del recinto.
La disputa por el Estadio Olímpico Atahualpa pone de manifiesto tensiones entre modelos de gestión pública y privada en infraestructuras deportivas. ¿Podrá Quito establecer un precedente con la recuperación municipal del estadio? Mientras el alcalde Muñoz avanza con determinación en la defensa legal y el planificación de proyectos, surge la pregunta: ¿cómo equilibrar la necesidad de inversión privada con el interés público en el desarrollo urbano y deportivo?
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