Tras 23 días de movilización en Imbabura, Martha Túquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), denunció los costos humanos de la protesta: dos fallecidos, heridos graves, detenidos y hasta el corte forzado del cabello a tres comuneros —un acto que, según explicó, atenta contra su identidad ancestral. En rueda de prensa, Túquerres rechazó con firmeza la estigmatización: “No somos terroristas, vagos ni secuestradores. Somos un pueblo que lucha por una vida digna”.
La dirigente confirmó que se ha iniciado un diálogo con el Gobierno, con acuerdos preliminares que incluyen la salida inmediata de militares y policías de Imbabura, la liberación de detenidos, atención médica a los heridos y la creación de mesas técnicas con cronograma definido. Uno de los puntos centrales sigue siendo el congelamiento del precio del diésel, medida que —aclaró— beneficia no solo a Otavalo o Cotacachi, sino a todos los ecuatorianos.
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Aunque reconoció avances, insistió: “Esto es solo el inicio”. La UNORCAC exige cumplimiento y anunció que, de no haber resultados, volverán a movilizarse. “Las memorias de nuestros caídos nos obligan a seguir”, afirmó.
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