Tras la movilización del 12 de octubre en Quito, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, rechazó las acusaciones de violencia y denunció represión estatal contra manifestantes, periodistas y personal humanitario. En un discurso dirigido al “pueblo ecuatoriano”, Vargas afirmó que la marcha fue pacífica y contó con la participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y organizaciones sociales.
Denunció que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas impidieron el inicio de la movilización con uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos. Además, señaló actos racistas contra dos jóvenes quichuas a quienes militares les cortaron el cabello, lo que calificó como una expresión de “un Estado con rasgos coloniales”.
Vargas reafirmó la agenda de la CONAIE: derogar el decreto 126, reducir el IVA del 15 % al 12 %, defender la salud y educación públicas, proteger los territorios del extractivismo y exigir justicia para heridos y detenidos. Anunció también una campaña nacional contra la consulta popular, al considerar que amenaza derechos constitucionales, ambientales y colectivos.
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En un contexto de polarización, estas declaraciones plantean un nuevo capítulo en la relación entre movimientos sociales y el Estado. La verificación independiente de los hechos y el respeto a los derechos humanos serán claves para evitar una escalada.
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