La voz de las comunidades del norte de Pichincha fue silenciada. El viernes 17 de octubre, Arcotel notificó a Radio Inti Pacha —emisora comunitaria de la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua (COINCAC)— la suspensión de sus transmisiones por 15 días.
La medida, según la autoridad, responde a un supuesto incumplimiento del artículo 180 del Código Administrativo. Pero el equipo de la radio y sus oyentes lo consideran un ataque directo al derecho a la comunicación. “No hay pruebas ni sustento legal”, denuncian.
Fundada tras años de lucha colectiva, Inti Pacha ha sido un canal vital para agricultores, estudiantes, amas de casa y pueblos originarios de Cayambe y zonas aledañas. Su cierre temporal no solo interrumpe entretenimiento, sino acceso a información en contextos de exclusión.
La COINCAC anunció acciones legales con asesoría especializada y exige la revocatoria inmediata de la medida, amparada en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos de los pueblos.
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En un momento de creciente tensión entre medios comunitarios y reguladores, esta decisión pone en jaque la pluralidad informativa. ¿Hasta dónde llega el derecho a ser escuchado?
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