Nuevo proyecto de Ley para la protección y desarrollo de áreas protegidas en Ecuador

El gobierno ecuatoriano propone una ley para mejorar la seguridad, conservación y desarrollo de las áreas protegidas, en medio de controversias y desafíos

El gobierno de Ecuador ha presentado un nuevo proyecto de ley destinado a mejorar la protección y desarrollo de las áreas protegidas del país. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca abordar tres ejes fundamentales: seguridad, conservación y desarrollo. Durante una entrevista en Noticias 7, María Luisa Cruz, Ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y Tarsicio Granizo, Exministro de Ambiente en Punto noticias, compartieron sus perspectivas sobre este proyecto de ley y los desafíos que enfrenta.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal mejorar la seguridad dentro de las áreas protegidas, que actualmente están amenazadas por actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos delictivos organizados. Según la Ministra Cruz, la ley permitirá la intervención de las fuerzas terrestres y la Policía Nacional para proteger estas áreas y evitar que sean tomadas por grupos delictivos.

Además de la seguridad, la ley también se enfoca en la conservación de las áreas intangibles dentro de las áreas protegidas. Estas áreas son cruciales para la biodiversidad y no permiten actividades humanas que puedan dañarlas. Actualmente, Ecuador cuenta con 56 áreas protegidas que abarcan aproximadamente 26.2 millones de hectáreas, lo que representa el 16.47% del territorio nacional.

El tercer eje del proyecto de ley es el desarrollo, que busca promover proyectos de turismo sostenible, investigación científica y economía verde. Esto no solo ayudará a conservar las áreas protegidas, sino que también generará empleo y desarrollo económico para las comunidades locales.

Una de las principales preocupaciones es la falta de recursos y personal para proteger las áreas protegidas. Actualmente, hay solo 568 guardaparques para precautelar 26.2 millones de hectáreas, lo que significa que cada guardaparque tiene que cuidar aproximadamente 45,000 hectáreas. Esto es equivalente a cuidar toda el área urbana de Quito y un poco más.

El proyecto de ley también busca atraer inversión privada para ayudar al Estado en la protección de estas áreas. Sin embargo, se asegura que el Estado mantendrá el control absoluto de los recursos naturales y que los proyectos económicos estarán enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

A pesar de los objetivos loables del proyecto de ley, hay preocupaciones y críticas. Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente, señala que la ley es muy escueta y falta un enfoque integral para abordar los problemas de las áreas protegidas. Una de las principales críticas es la posible privatización de las áreas protegidas, lo que podría ser inconstitucional.

Además, hay preocupaciones sobre la falta de consulta previa y transparencia en la creación de la ley. Granizo menciona que se ha estado trabajando en la creación de un Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero este no aparece en la ley, lo que es un problema importante.

Las áreas protegidas en Ecuador enfrentan una serie de problemas, incluyendo deforestación, contaminación por plásticos, tráfico de especies y actividades ilegales como la minería ilegal. Además, hay una falta de recursos y personal para proteger estas áreas.

Ejemplos de áreas protegidas bien manejadas incluyen el Parque Nacional Cajas, que tiene un convenio de comanejo entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Cuenca. Sin embargo, hay otras áreas como el Parque Nacional Yasuni que enfrentan desafíos significativos debido a actividades ilegales y falta de recursos.

Tarsicio Granizo cree que es importante priorizar a las comunidades locales en los beneficios económicos de las áreas protegidas. También señala la necesidad de estudios científicos y monitoreo constante para evaluar el impacto de las actividades humanas en estas áreas.

María Luisa Cruz, por otro lado, enfatiza la importancia de la seguridad y conservación, y el papel del Estado en la protección de las áreas. También menciona que el proyecto de ley busca incluir a las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas para que puedan ser parte activa de los proyectos de conservación y desarrollo.

El proyecto de ley también busca generar empleo y desarrollo económico para las comunidades locales a través de proyectos de turismo sostenible y economía verde. Además, se menciona la importancia de la pesca artesanal y su impacto en la economía local.

Se destaca que el Ecuador tiene una de las flotas pesqueras artesanales más grandes del mundo, y que esta actividad es crucial para la soberanía alimentaria del país. La ley también propone una remisión del 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas para la pesca artesanal, lo que podría ser una medida positiva para apoyar a este sector.

El futuro de las áreas protegidas en Ecuador está en juego. Es crucial que todas las partes interesadas, incluyendo a las comunidades locales y a la sociedad civil, participen activamente en la consulta pública para asegurar que la ley final sea justa, sostenible y beneficiosa para todos. La protección y desarrollo sostenible de estas áreas es esencial para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.