Nueva ley de áreas protegidas en Ecuador: fortalecimiento y controversia

El proyecto busca proteger el 20% del territorio nacional, pero genera debates sobre privatización y gestión

La Asamblea Nacional de Ecuador ha iniciado el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para el fortalecimiento de áreas protegidas, una iniciativa que busca mejorar la infraestructura y los servicios existentes en estas zonas, proteger a los guardaparques y combatir actividades ilegales como la minería ilegal, la tala y el tráfico de especies. El proyecto ha recibido tanto apoyo como cuestionamientos, generando un amplio debate sobre su alcance y posibles consecuencias.

El proyecto contempla la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la capacitación y reconocimiento de guardaparques como servidores públicos, la participación de comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión de estas áreas, y la activación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir el crimen organizado en estas zonas. Además, se propone la creación de fideicomisos públicos para administrar recursos nacionales e internacionales, buscando la sostenibilidad de las áreas protegidas.

Sin embargo, organizaciones ecologistas como WWF Ecuador han expresado preocupaciones respecto a la creación de una empresa pública para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, argumentando que la conservación de la biodiversidad no debe estar sujeta a lógicas empresariales. Tarciso Granizo, director de WWF Ecuador, ha señalado que un servicio nacional sería más adecuado, ya que podría regular, controlar y sancionar, mientras que una empresa pública no cuenta con estas facultades.

Por otro lado, la legisladora Ana Belén Tapia, de ADN y representante de la provincia de Napo, ha defendido el proyecto, destacando que no busca privatizar las áreas protegidas, sino fortalecer su gestión con la participación de comunidades locales y el apoyo del Estado. Ha enfatizado que las áreas protegidas siguen siendo parte del territorio nacional y bajo la titularidad del Estado.

El proyecto también contempla medidas para proteger a los guardaparques, quienes enfrentan situaciones de amedrentamiento, robo e incluso intentos de secuestro. Actualmente, hay 598 guardaparques para las 26 millones de hectáreas de áreas protegidas, lo que representa un solo cuidador por cada 43.000 hectáreas.

Además, se busca impulsar el turismo en estas áreas, generando empleo y beneficios económicos para las comunidades locales. Se propone un turismo de bajo impacto, alineado con los planes de manejo de cada área protegida.

El debate sobre esta ley continúa, con especialistas y organizaciones ambientales pidiendo una mayor participación de las comunidades beneficiarias y un enfoque que garantice la protección de la naturaleza y los derechos de las comunidades locales.

La implementación de esta ley podría marcar un cambio significativo en la gestión de áreas protegidas en Ecuador, abriendo nuevas oportunidades para su conservación y desarrollo sostenible, pero tambiénrequiriendo un equilibrio cuidadoso entre la participación privada, la gestión estatal y la protección del patrimonio natural