En solo segundos, una saca de arroz puede definir el futuro de un productor. El Gobierno nacional intensifica controles en Guayas y Los Ríos —donde se produce el 94% del arroz ecuatoriano— para garantizar que los agricultores reciban el precio mínimo de sustentación: 36 dólares por saca de grano largo y 34 por grano corto. Siete piladoras clausuradas, decenas notificadas y equipos de medición calibrados bajo lupa.
Operativos conjuntos con ARCSA, SRI, Policía y Gobernaciones buscan erradicar la evasión de precios, la falta de trazabilidad y riesgos sanitarios —como excrementos o animales en zonas de procesamiento—.
“No solo velamos por el precio justo, sino por la inocuidad del alimento que llega a su mesa”, afirma Arturo Ramírez, director distrital del MAGP.
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Con 40 técnicos desplegados en Los Ríos y auditorías permanentes, el Estado apunta a un sistema transparente, desde la cosecha hasta la factura. Si consumes arroz, esto te afecta. Exige transparencia. Tu plato también depende de justicia en el campo.
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