El abogado analiza la estrategia política detrás de la propuesta de Asamblea Constituyente y advierte sobre los riesgos institucionales.
En una entrevista con LO DEL MOMENTO LOJA, el abogado constitucionalista Álvaro Reyes denunció que la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar una Asamblea Constituyente busca deliberadamente distraer la atención pública de problemas urgentes como la crisis económica, el narcotráfico y los subsidios. Según Reyes, el Ejecutivo inició mal el proceso, omitiendo el dictamen obligatorio de la Corte Constitucional, con el fin de generar controversia mediática y captar atención política. La maniobra, advierte, profundiza la inestabilidad institucional en un país que ya enfrenta violencia, colapso social y deterioro económico.
La estrategia de distracción mediática
Reyes no duda en calificar la movida del Gobierno como “un juego absurdo, burdo, infantil, pero efectivo”. Según su análisis, el presidente Noboa sabía desde el inicio que necesitaba el aval de la Corte Constitucional para convocar legalmente una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente —pero decidió saltarse ese paso y presentar directamente la propuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Todo el mundo cayó en el juego”, lamenta Reyes. “Generó debate en todos los estratos sociales, convulsionó al país, y logró lo que quería: que dejemos de hablar de los 230 millones en cocaína incautada en Europa, del subsidio al diésel o del colapso hospitalario”.
El objetivo, según el jurista, no es reformar la Constitución, sino desviar el foco de los verdaderos problemas estructurales. “Estamos en un país donde un incendio tapa otro”, dice. “Y mientras discutimos sobre considerandos y plazos judiciales, nadie exige soluciones concretas a la crisis”.
El marco legal: lo que dice la Corte Constitucional
Reyes recuerda que la Corte Constitucional ya ha negado 12 solicitudes previas de consulta popular para convocar una Asamblea Constituyente —todas por los mismos motivos: falta de claridad, fundamentos engañosos o no leales con el electorado.
“La Corte tiene una línea jurisprudencial clara”, explica. “Los considerandos no pueden inducir al error, ni distraer, ni manipular. Si el presidente quiere que su propuesta prospere, debe presentar fundamentos transparentes, objetivos y respetuosos con la ciudadanía”.
Aunque la Corte admitió a trámite la solicitud del CNE (un paso meramente formal, según Reyes), aún debe analizar el fondo: si los argumentos del Ejecutivo cumplen con los estándares de lealtad y claridad exigidos. “Admitir a trámite no significa que ganó. Solo que el proceso empezó”, aclara.
Mientras tanto, el calendario electoral ya está en marcha con dos preguntas aprobadas: presencia de bases militares extranjeras y eliminación del financiamiento público a partidos. Reyes considera “improbable” que se añada una tercera pregunta sobre la Constituyente, dado que los plazos judiciales y electorales no coinciden.
¿La Constitución del 2008 “fue hecha para delinquir”?
Frente a la narrativa oficial que tilda a la Carta Magna de 2008 como “hecha a la medida para delinquir”, Reyes responde con contundencia jurídica: “Ninguna norma constitucional faculta delinquir. El problema no es la Constitución, es la impunidad y la debilidad del sistema judicial”.
“Caemos en el error de culpar a las instituciones por las fallas de las personas”, señala. “Se criminaliza la Constitución del 2008 no por su contenido, sino porque conviene políticamente tener un enemigo vivo: Correa, la ‘revolución ciudadana’, el correísmo”.
Reyes insiste: la Constitución tiene aciertos y errores, como toda norma jurídica. Pero su reforma no debe obedecer a caprichos de coyuntura, sino a un consenso técnico, social y democrático. “Refundar el país cada 10 o 15 años no es solución. Es síntoma de inmadurez institucional”.
Frenar la destrucción institucional
“Este país no soporta más daño”, advierte Reyes en su mensaje final. “No se cambia la educación, la salud ni la seguridad con una nueva Constitución, sino con voluntad política, gestión eficiente y respeto a las instituciones”.
Llama a la ciudadanía a exigir solidez institucional, no espectáculos políticos. “Basta de políticos que refundan el país para satisfacer su ego. Necesitamos instituciones fuertes, no narrativas polarizantes”.
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En un contexto de violencia creciente, crisis económica y desconfianza social, Reyes plantea una verdad incómoda: distraer no es gobernar. Y reformar la Constitución sin consenso ni rigor jurídico puede costarle al Ecuador mucho más que una crisis política: puede costarle su futuro democrático.
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