Gobierno impulsa compra directa de arroz para apoyar a productores

Mediante dos mecanismos, el Ejecutivo busca garantizar precios justos y reducir la intermediación en Guayas y Los Ríos.

El Gobierno de Ecuador ha establecido mecanismos de compra directa de arroz cáscara con recursos de la redistribución fiscal, con el objetivo de respaldar a pequeños y medianos productores en las provincias de Guayas y Los Ríos, responsables del 90 % de la producción nacional. La medida, implementada mediante gestión delegada y contratación pública, busca estabilizar ingresos, frenar la especulación y fortalecer la cadena productiva arrocera.

Dos mecanismos para respaldar al sector arrocero

El Ejecutivo ecuatoriano activó dos modalidades complementarias para adquirir arroz directamente de los agricultores: gestión delegada y contratación pública. Ambas están respaldadas por el Decreto Ejecutivo No. 596 y el marco legal vigente, y se enfocan en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional.

En el esquema de gestión delegada, el Estado delega a piladoras privadas la compra, almacenamiento y posterior comercialización del arroz cáscara. Este mecanismo permitirá adquirir hasta 24.000 toneladas al precio mínimo de sustentación: 34 dólares por quintal de arroz cáscara grano corto y 36 dólares por el de grano largo. El objetivo es asegurar que los productores reciban un ingreso justo, incluso en momentos de sobreoferta o caída de precios.

Contratación pública ya beneficia a productores

Paralelamente, mediante el mecanismo de contratación pública, el Gobierno ya adjudicó la compra de 54.059 quintales (equivalentes a 5.405 toneladas) de arroz pilado a productores de ambas provincias. La inversión total asciende a 1.729.888 dólares. Este proceso se realiza a través de licitaciones transparentes que involucran a agroindustrias locales, promoviendo la equidad y la sostenibilidad en la cadena de valor.

Ambas estrategias forman parte de una política más amplia de redistribución de recursos fiscales orientada a sectores estratégicos del agro. Según fuentes oficiales, estas acciones buscan no solo estabilizar los ingresos rurales, sino también reducir la dependencia de intermediarios que históricamente han capturado una parte desproporcionada del valor generado por los agricultores.

Impacto económico y social en zonas rurales

Las medidas tendrán un efecto inmediato en la liquidez del sector rural. Al garantizar el pago del precio mínimo de sustentación, se evitan pérdidas por desabastecimiento o caídas abruptas en los mercados. Además, se protege a los productores más vulnerables —especialmente pequeños agricultores que carecen de acceso a mercados formales— frente a prácticas abusivas de intermediación.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, más de 3.000 familias productoras se beneficiarán directamente con estas compras. El impacto social se extiende también a la seguridad alimentaria nacional, al fortalecer la producción local de un alimento básico en la dieta ecuatoriana.

La implementación de estos mecanismos refleja un enfoque proactivo del Gobierno para intervenir en mercados agrícolas estratégicos. Si bien el éxito dependerá de la transparencia en su ejecución y del monitoreo continuo, la medida representa un paso significativo hacia una mayor equidad en el campo ecuatoriano y la protección de la soberanía alimentaria.