Escándalo en La Libertad: Concejo revoca venta de 93 hectáreas tras alertas de irregularidades

La presión ciudadana y mediática forzó la anulación de una transacción de 2.7 millones de dólares a favor de una joven de 24 años sin historial económico.

Tras semanas de cuestionamientos por falta de transparencia, el Concejo Cantonal de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, revocó por unanimidad la adjudicación de 93 hectáreas de terreno municipal. El proceso, que pretendía entregar predios estratégicos a Jenny Ramírez, una joven de 24 años, se detuvo luego de que surgieran dudas sobre el valor del suelo, la capacidad económica de la compradora y presuntas suplantaciones de identidad.

Un proceso bajo sospecha: De la adjudicación a la revocatoria

El caso inició en agosto de 2025, cuando Ramírez solicitó la compra de los terrenos para un proyecto agroturístico. Sin embargo, no fue hasta octubre que el Concejo abocó conocimiento del tema, incorporándolo de forma sorpresiva en el orden del día. El concejal Bruno Dedé, uno de los principales fiscalizadores, señaló que un trámite de esta magnitud, que usualmente toma ocho meses, se resolvió en apenas 60 días con informes listos para su aprobación.

La ubicación de las tierras incrementó la polémica. El predio se encuentra al pie de la nueva vía perimetral que conecta Guayaquil con Salinas, a pocos minutos del aeropuerto y de zonas balnearias exclusivas. Pese a su potencial urbano y comercial, el municipio fijó un precio de $2.94 por metro cuadrado, una cifra drásticamente inferior a los aproximadamente $9 que promedian los terrenos colindantes.

Inconsistencias financieras y perfil de la compradora

Uno de los puntos críticos que motivó la alerta ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue el perfil de Jenny Ramírez. Según las investigaciones y declaraciones del concejal Bruno Dedé, la joven trabajaba como mesera en una cafetería y no registraba Registro Único de Contribuyentes (RUC), afiliación al IESS, ni historial de pagos en el Servicio de Rentas Internas (SRI) que justificaran una inversión de 2.7 millones de dólares.

“Intentaron justificar lo injustificable. No hubo una subasta pública ni convocatoria abierta para maximizar los recursos del cantón más pequeño del país”, afirmó Dedé en entrevista con Radio Superior de Guayaquil.

El alcalde Francisco Tamariz defendió inicialmente la venta bajo la narrativa de atraer inversión, llegando a tildar de “machistas” a quienes cuestionaban a la peticionaria. No obstante, la situación dio un giro cuando Ramírez denunció ante la Fiscalía una presunta suplantación de identidad, asegurando que ella no estaba vinculada al trámite y que sus documentos se habían extraviado.

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— PrensaEc (@PrensaEc1) January 18, 2026

Silencio institucional y futuro legal del patrimonio

Pese a la revocatoria, el caso deja interrogantes sobre el control interno en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Dedé denunció que, tras votar en contra del proceso, sufrió represalias administrativas, como el retiro de su equipo de oficina y personal asistente.

Además, criticó el “silencio institucional” de organismos como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que hasta la fecha no han realizado intervenciones físicas en el municipio. “Si esto pasara en Guayaquil, ya habría allanamientos. En La Libertad parece que estamos esperando”, sentenció el edil.

El patrimonio de La Libertad vuelve a manos municipales, pero las denuncias en Fiscalía por la gestión de esta compraventa continúan en curso, mientras la ciudadanía demanda claridad sobre quiénes estuvieron detrás del proyecto que pretendía enajenar las últimas grandes reservas de tierra del cantón.