Ecuador: la nueva superautopista del tráfico

Mientras Estados Unidos concentraba sus esfuerzos contra el fentanilo, el tráfico de cocaína resurgió en América Latina con efectos devastadores en Ecuador, país por donde fluye el 70% del suministro mundial

El resurgimiento silencioso de un comercio mortal

Ecuador se ha convertido en el mayor corredor de cocaína del planeta, con hasta el 70% del suministro mundial fluyendo por su territorio, según revelan autoridades ecuatorianas, estadounidenses y europeas. Lo que hace apenas una década parecía improbable —que un país sin cultivos ilícitos se transformara en el epicentro del narcotráfico global— es hoy una realidad que ha trastocado por completo el orden interno de esta nación andina y transformado la vida de millones de latinoamericanos.

Entre 2022 y 2023, Ecuador estuvo al borde de una toma del poder por parte de un consorcio internacional de narcotraficantes conformado por cárteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos, mafias europeas y bandas locales. Una investigación de The New York Times, publicada el 5 de diciembre de 2025, documenta cómo esta crisis se gestó mientras Washington dirigía sus recursos hacia otra batalla: la guerra contra el fentanilo.

El giro estratégico que dejó un vacío criminal

La priorización estadounidense del fentanilo sobre otras drogas marcó un punto de inflexión para América Latina. Desde la primera administración de Donald Trump en 2017 y durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos reorientó su política antidrogas hacia los opiáceos sintéticos, que causaban una epidemia de sobredosis con decenas de miles de muertes anuales en territorio estadounidense.

En 2023, casi 73.000 sobredosis estuvieron relacionadas con el fentanilo, frente a 6.000 muertes relacionadas con la cocaína sin mezclar con otras drogas, según estadísticas gubernamentales estadounidenses. Ante esta realidad, la decisión de priorizar recursos tenía lógica operativa, pero sus consecuencias en América Latina serían devastadoras.

La disminución del enfoque estadounidense en la cocaína abrió espacios para la expansión de organizaciones criminales que ya operaban en Colombia y Perú. Estas estructuras encontraron en Ecuador una infraestructura portuaria estratégica, rutas de exportación consolidadas y un Estado debilitado, incapaz de contener su avance.

Ecuador: del centro de estabilidad al epicentro del narcotráfico

Históricamente, Ecuador se consideraba un centro de estabilidad en comparación con sus países vecinos. La nación andina no produce cocaína, pero su posición geográfica entre Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales— la convirtió en un corredor natural para el tráfico.

Un momento clave fue 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió cerrar la base militar estadounidense de Manta y distanciar al país de Washington. En consecuencia, la embajada estadounidense cerró su oficina militar y los principales esfuerzos de lucha antidroga del Departamento de Estado en el país.

Durante la década siguiente, especialmente a partir de 2017, los cárteles mexicanos fortalecieron sus operaciones en Ecuador. Iniciaron colaboraciones con grupos colombianos y bandas locales para mover cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses describieron esta red como una “superautopista de la cocaína”, expresión que sintetiza el volumen del tráfico y el nivel de coordinación internacional involucrado.

Una alianza criminal sin precedentes

La estructura del narcotráfico en Ecuador representa una evolución del crimen organizado transnacional. Poderosas estructuras mafiosas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones controlan buena parte del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la minería ilegal.

Estas organizaciones operan desde las cárceles, convertidas en centros de mando, y su fragmentación interna ha dado origen a nuevos grupos disidentes aún más violentos. La investigación revela que operan en asociación con cárteles extranjeros como Sinaloa y Jalisco de México, así como con mafias balcánicas, con el respaldo de actores corruptos del Estado y del sector privado que facilitan el movimiento de la droga.

La costa ecuatoriana se convirtió en la plataforma de lanzamiento. Los cárteles colaboraron con grupos colombianos para introducir cocaína en Ecuador, desde donde las pandillas la exportaban en lanchas rápidas, submarinos y contenedores de carga pirateados con destino a Europa y Estados Unidos. Puertos como Guayaquil y Manta son ahora puntos neurálgicos para el envío de cocaína oculta en cargamentos de fruta o contenedores marítimos.

El costo humano: una sociedad bajo asedio

Las consecuencias para Ecuador han sido catastróficas. La violencia vinculada al narcotráfico se disparó hasta niveles inéditos: coches bomba, masacres carcelarias, asesinatos selectivos y balaceras en zonas urbanas han pasado a formar parte de la vida cotidiana.

Las cifras son elocuentes. En 2023, Ecuador tuvo el peor año de su historia en materia de seguridad, con una tasa de 47,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Aunque 2024 mostró una leve reducción, cerrando con una tasa proyectada de 40,4 muertes por cada 100.000 habitantes, los primeros diez meses de 2025 registraron 7.553 muertes violentas, superando ya el total anual de 2024.

Entre enero y el 15 de diciembre de 2024, 19 personas fueron asesinadas en promedio cada día. La extorsión se ha disparado: en el primer semestre de 2023, la Policía Nacional recibió más de 4.600 denuncias, el doble que en el mismo período de 2022.

El impacto se extiende a todos los niveles de la sociedad. En 2023, un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado cuando salía de un acto de campaña en Quito. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, también fue ultimado por hombres armados. Jueces, fiscales, periodistas y funcionarios públicos enfrentan amenazas constantes.

La geografía de la violencia: de la costa a la Amazonía

En 2024, seis de los diez cantones más peligrosos de Ecuador, con tasas anuales de homicidios superiores a 120 por cada 100.000 habitantes, se encontraban ubicados en la costa. Guayaquil, la capital empresarial y puerto más importante del país, se ha convertido en un centro neurálgico para el narcotráfico.

Sin embargo, la violencia está migrando. En 30 de los 221 cantones del Ecuador se registró un incremento de la violencia durante 2024: 19 en la Costa, siete en la Sierra y cuatro en la Amazonía. Zonas que antes eran relativamente tranquilas, como cantones mineros y provincias amazónicas, ahora experimentan tasas de homicidios alarmantes.

Durán, Samborondón y otros cantones de Guayas acumulan más del 35% de todos los homicidios del país. Pero nuevos focos emergen en provincias como Orellana, que pasó de 25 homicidios en 2023 a 69 en 2024, un aumento del 176%.

Una guerra desigual: el Estado contra las organizaciones criminales

Hasta el 27 de diciembre de 2024, en Ecuador se incautaron 195.681 kilógramos de sustancias estupefacientes, un incremento del 12,13% con relación al mismo período de 2023. Sin embargo, las estimaciones oficiales indican que las incautaciones solo alcanzan aproximadamente el 50% de la cocaína que se intenta traficar a través del país.

La Marina ecuatoriana, que acompañó a periodistas de The New York Times en operaciones contra el narcotráfico, enfrenta obstáculos crecientes. Los grupos criminales poseen armamento superior, mayores recursos económicos y una logística más avanzada. Oficiales describen una guerra desigual, donde la corrupción interna, las filtraciones de información y la facilidad para reclutar jóvenes empobrecidos complican cualquier intento de control.

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado una política de mano dura. Declaró un conflicto armado interno en enero de 2024 y catalogó a 20 bandas dedicadas al narcotráfico como organizaciones terroristas. La militarización de las “zonas calientes” ha sido el pilar de esta estrategia.

“Se trata de una guerra existencial”, declaró Giovanni Davoli, embajador italiano en Ecuador, quien comparó la lucha con la de Italia contra las mafias. Agregó que Ecuador no es un narcoestado, pero necesita ayuda urgente para evitar un mayor deterioro.

La percepción que mató a un país

Mike Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador de 2019 a 2024, señaló que en Washington algunos consideran la cocaína “un peldaño por encima de la marihuana”, lo que le resta prioridad. Esta percepción fue determinante en la crisis ecuatoriana.

Cuando la violencia se extendía por Ecuador en 2022, Fitzpatrick recibió una llamada del entonces presidente Guillermo Lasso solicitando ayuda. La respuesta inicial desde Washington fue desalentadora: Ecuador no tenía un problema de fentanilo que le interesara al Departamento de Estado estadounidense.

Solo cuando el colapso del país parecía inminente, Estados Unidos incrementó su ayuda militar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: las estructuras criminales se habían consolidado, las alianzas transnacionales se habían fortalecido y el Estado ecuatoriano había perdido el control de vastas zonas del territorio.

El índice global que confirmó el desastre

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 posicionó a Ecuador como el quinto país con mayor influencia del crimen organizado en todo el mundo. El índice, que evalúa 193 países, otorgó a Ecuador una calificación de 9 sobre 10 en comercio de cocaína, indicando que la penetración de esta economía criminal es casi total.

La resiliencia estatal, es decir, la capacidad de respuesta del Estado frente al fenómeno criminal, también ha disminuido drásticamente, pasando de 5,71 en 2021 a 4,46 en 2025. El reporte evidencia que operativos recientes han revelado la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial y político, con vínculos que alcanzan el financiamiento de campañas y la manipulación de sentencias.

Trump retorna con una nueva estrategia militar

La segunda administración Trump ha iniciado una agresiva campaña militar en la región, dirigida contra embarcaciones que supuestamente trafican drogas. Sin embargo, no está claro si estas acciones tendrán un efecto significativo sobre el creciente comercio de cocaína.

Tampoco está claro si ese es el objetivo real. Aunque funcionarios estadounidenses han calificado la campaña como una operación antidroga, han ofrecido pocas pruebas de que los barcos transportaran drogas. La operación también se ha centrado en Venezuela, cuyo papel en el tráfico de drogas es más limitado que el de Ecuador. En privado, funcionarios estadounidenses han dejado claro que el gobierno de Trump pretende expulsar del poder al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las lecciones de una crisis anunciada

La crisis ecuatoriana ilustra las complejidades de la política antidrogas en un mundo globalizado. La decisión estadounidense de priorizar el fentanilo sobre la cocaína respondía a una emergencia de salud pública doméstica legítima. Sin embargo, subestimó las consecuencias regionales de dejar un vacío en la lucha contra el narcotráfico tradicional.

Los analistas coinciden en que incluso si Estados Unidos hubiera intensificado antes sus esfuerzos antidroga en Ecuador, la falta de resultados sostenibles en su guerra más amplia contra las drogas sugiere que el país podría haber seguido inundado de cocaína. La demanda insaciable en los mercados de consumo —Estados Unidos y Europa— continúa alimentando un negocio que genera decenas de miles de millones de dólares anuales.

Ecuador, que solía presumir de ser un remanso de paz en una región convulsa, ahora lucha por su supervivencia institucional. Las operaciones militares pueden enviar mensajes contundentes, pero rara vez desmantelan los mercados del narcotráfico por sí solas. El país necesita reforzar la presencia estatal, generar oportunidades económicas lícitas en los barrios más afectados y combatir la corrupción que perpetúa la delincuencia en puertos, prisiones e instituciones públicas.

Mientras tanto, la cocaína sigue fluyendo. Y con ella, la violencia, el terror y la muerte de un sueño: el de un Ecuador seguro y próspero.