La Secretaría de Planificación, Diana Ramírez, detalla el proceso de reestructuración estatal que busca agilizar la gestión pública, reconociendo la posibilidad de nuevas salidas de personal.
El gobierno ecuatoriano avanza en su denominado “plan de eficiencia en el sector público”, una ambiciosa estrategia que ha implicado la separación de aproximadamente 5.000 servidores públicos y la reducción de ministerios. En una reciente entrevista con Teleamazonas Ecuador, Diana Ramírez, Secretaria Nacional de Planificación, abordó los detalles de este proceso de fusiones, distinguiendo entre la “fusión por absorción” y la “adscripción”, y reconociendo que, en este marco de reingeniería, “posiblemente en el marco de la fusión haya más despidos”. La funcionaria enfatizó que el objetivo primordial es la eficiencia, buscando personas comprometidas con el avance del país.
La reforma del Estado en marcha: adscripciones y absorciones
El plan de eficiencia administrativa del gobierno contempla dos modalidades principales de reestructuración institucional: la fusión por adscripción y la fusión por absorción. Según explicó la Secretaria Ramírez, en el caso de la adscripción, una entidad mantiene su autonomía administrativa, financiera y de planificación, pero se integra bajo el paraguas de un ministerio rector para fomentar la articulación. El ejemplo claro es el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), que se adscribe al Ministerio del Interior. Esta medida busca una “sinergia” que permita que los procesos fluyan mejor y se logre una seguridad más estable, con el Ministro del Interior ejerciendo un rol de jefatura sobre el SNI.
Por otro lado, la fusión por absorción implica que las entidades pasan directamente a formar parte de un ministerio más amplio, convirtiéndose en “agregadores de valor” o viceministerios dentro de la cartera principal. Los casos más prominentes mencionados por Ramírez incluyen la absorción de las funciones de Cultura, Deportes y la Secretaría de Educación Superior (SENESCYT) por el Ministerio de Educación. La justificación detrás de esta modalidad es fortalecer la institucionalidad y generar procesos más ágiles. La funcionaria destacó que, al integrarse al Ministerio de Educación, estas áreas ganarán una presencia territorial mucho más amplia, potenciando la atención en educación superior y deportes al aprovechar las 140 oficinas distritales del Ministerio de Educación, en contraste con las cuatro o cinco direcciones zonales que tenían previamente. El objetivo, en línea con la visión del Presidente Noboa, es que “cada uno de los ciudadanos pueda ir directamente a tener una mejor atención” y que el gobierno llegue “hasta el rincón más pequeño del país”.
La eficiencia como argumento central de la reestructuración
Diana Ramírez subrayó que el propósito fundamental de estas fusiones es la eficiencia, más allá de un simple ahorro económico. La Secretaría de Planificación afirmó que el gobierno busca “mejorar, ser más eficientes, tener al día a día servicios de calidad”. Como parte de esta reestructuración, se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de competencias, estructura orgánica, aspectos administrativos y financieros, y el cierre final de las instituciones, lo que incluye la migración de toda la información a entidades como el SRI, el Banco Central y el SERCOP.
Un cambio significativo en las fusiones por absorción es la centralización de departamentos específicos. Por ejemplo, en el caso de la fusión bajo el Ministerio de Educación, donde antes existían cuatro departamentos jurídicos independientes (uno para Educación, uno para Deportes, uno para Cultura y otro para SENESCYT), ahora habrá un solo departamento jurídico que servirá a los cuatro viceministerios. Esta consolidación, según Ramírez, lleva implícita la necesidad de un “proceso técnico de selección” para determinar quiénes son los “mejores opcionados para mantenerse” en los puestos. Es en este contexto donde se admite que sí, “va a haber más despidos posiblemente en el marco de la fusión”, justificándolo como una medida para garantizar que el “agregador de valor” –es decir, la ejecución de la política pública– continúe funcionando de manera óptima.
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Despidos y contratos ocasionales: entre la corrupción y la eficiencia
La entrevista también abordó la controversia en torno a los aproximadamente 5.000 servidores públicos que ya han sido separados del sector público como parte de la fase inicial del plan de eficiencia. Ante las preguntas sobre las razones detrás de estas salidas, la Secretaria Ramírez aclaró que se trata de un “proceso técnico” basado en un “análisis técnico de cada uno” y en la detección de corrupción. Afirmó que los primeros en salir fueron identificados en temas de corrupción a través de investigaciones, y negó que las decisiones fueran arbitrarias. Sin embargo, también reconoció que las salidas no se debieron únicamente a actos de corrupción, sino también a situaciones de “negligencia en su cargo” o incluso la presencia de personal que “timbraba y no le conocían” en las instituciones. La funcionaria hizo hincapié en la existencia de “gente muy valiosa” y “totalmente comprometida” en el sector público, y señaló que el gobierno está buscando activamente a “gente que ama su país y que quiere trabajar en el servicio público” y esté “comprometido con que el país avance”.
Otro punto crucial abordado fue la situación de los contratos ocasionales, que representan el 14% del gasto total de salarios en el sector público y un costo de millones de dólares anuales. Ramírez indicó que el gobierno está trabajando en una revisión de estos contratos con el objetivo de asegurar la calidad y agilidad del servicio, priorizando que la atención al ciudadano sea eficiente, incluso permitiendo trámites en línea para los empresarios.
Un gobierno de acciones y un Plan nacional participativo
La Secretaria de Planificación también mencionó la inminente finalización del Plan Nacional de Desarrollo, cuya construcción ha sido “totalmente participativa”, involucrando a más de 1.800 actores de diversos sectores como artesanos, jóvenes, adultos mayores, cámaras de comercio, comerciantes informales y formales, y la academia. El Plan, que será presentado al Consejo Nacional el 21 de agosto, busca establecer las políticas estatales y su aterrizaje en el territorio para beneficio de los ciudadanos.
En su cierre, Diana Ramírez reiteró que el objetivo del gobierno del Presidente Noboa es ser “ágiles”, “un gobierno que responde” y que toma “decisiones urgentes” para garantizar el avance del sector público y privado, buscando dinamizar la economía del país. La reestructuración, con sus implicaciones en la fuerza laboral, se presenta como una medida esencial para alcanzar esta visión de eficiencia y servicio público renovado.
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