Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, confirma que el pago anticipado es obligatorio en el sector público y voluntario en el privado. Además, anticipa posible aumento del salario básico unificado.
El décimo tercer sueldo se pagará en noviembre de 2025 para más de 486 000 servidores públicos de forma obligatoria, y al menos 100 000 trabajadores del sector privado lo recibirán gracias a la adhesión voluntaria de 83 empresas, según anunció Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, en una entrevista con Teleamazonas. La medida, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa como parte de una política de reactivación económica, busca fortalecer el ingreso familiar antes de fin de año. Además, la ministra anticipó que se analiza un incremento del salario básico unificado entre USD 14 y 16, sustentado en indicadores macroeconómicos positivos.
Pago anticipado: obligatorio en lo público, voluntario en lo privado
El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un acuerdo ministerial que establece el adelanto del décimo tercer sueldo al mes de noviembre. Esta disposición es obligatoria para el sector público: 343 000 servidores lo recibirán de forma acumulada y 143 000, que optaron por la mensualización, lo percibirán junto con su sueldo de noviembre.
En el sector privado, el adelanto no es obligatorio, sino una invitación del Ejecutivo. Hasta la fecha, 83 empresas han confirmado su participación, beneficiando a más de 100 000 trabajadores. La ministra Núñez aclaró que, si bien el pago del décimo tercer sueldo es un derecho legal en todo el país, la fecha de entrega en el sector privado depende de acuerdos entre empleadores y trabajadores, salvo en casos donde se adopte la medida gubernamental de forma voluntaria.
Fiscalización y sanciones por incumplimiento
La ministra subrayó que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación legal de verificar el cumplimiento del pago en los plazos establecidos. En caso de incumplimiento —incluyendo a gobiernos autónomos descentralizados como alcaldías y prefecturas— se aplicarán multas económicas de forma inmediata.
Núñez cuestionó declaraciones de autoridades locales que alegan falta de recursos, calificándolas como “expresiones políticas” que ignoran la prioridad legal de pagar a los trabajadores. Recordó que, incluso en contextos de restricción presupuestaria, el primer compromiso financiero de cualquier institución debe ser con su personal.
Posible aumento del salario básico unificado
Otro eje de la entrevista fue el análisis técnico para un posible incremento del salario básico unificado (SBU). La ministra indicó que se ha solicitado información al Banco Central, al INEC y al Ministerio de Economía para que el Consejo Nacional de Empleo y Salarios —órgano tripartito— evalúe un ajuste entre USD 14 y 16.
Este rango se basa en proyecciones económicas positivas: el Banco Central estima un crecimiento superior al 3 % para 2025, el más alto en más de dos décadas. Núñez enfatizó que cualquier decisión será técnica, no política, y tendrá impacto en pensiones alimenticias, multas y otros rubros indexados al SBU.
Aunque algunos sectores empresariales advierten que un alza podría afectar la contratación formal —especialmente en la pequeña empresa—, la ministra expresó confianza en alcanzar un consenso, algo que solo ha ocurrido una vez en los últimos 10 años.
Estrategias contra la informalidad laboral
Con una tasa de informalidad que supera el 50 %, el Ministerio de Trabajo impulsa múltiples iniciativas para generar empleo formal. La plataforma digital Encuentra Empleo (www.encuentraempleo.gob.ec ) ha facilitado más de 118 000 contratos directos en 2025, todos en el sector privado.
Recientemente, se realizó una feria de empleo en Manta (Manabí) con 1 000 vacantes, y se inaugurará otra en Santo Domingo vinculada a una cadena textil. Además, grandes obras públicas como el Museo Nacional de Historia (25 000 m² en Quito) generarán más de 40 000 empleos directos e indirectos. Próximamente se anunciará la construcción de una nueva torre oncológica en la capital, con impacto laboral adicional.
La ministra también anunció que se estudian reformas al Código del Trabajo para adaptarlo a nuevas modalidades contractuales, aunque reiteró que el enfoque principal es “preservar el empleo y generar más oportunidades con dignidad y seguridad”.
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El adelanto del décimo tercer sueldo y las señales de un posible aumento del salario básico reflejan una apuesta del gobierno por fortalecer el poder adquisitivo de los ecuatorianos en un contexto de recuperación económica. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá no solo de su implementación, sino de la capacidad del Estado para fiscalizar su cumplimiento y reducir la persistente informalidad laboral. La ciudadanía, especialmente los trabajadores formales e informales, tendrá un rol clave en exigir transparencia y equidad en estos procesos.
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