En Imbabura, el paro terminó, pero las heridas económicas apenas comienzan a contabilizarse. Sectores clave como el florícola, ganadero, turístico y comercial sufrieron pérdidas millonarias durante los días de inmovilidad. Muchos negocios no abrieron sus puertas; otros vieron destruidos sus bienes.
Aunque el gobierno anunció líneas de crédito, los afectados exigen responsabilidades: ¿quién repondrá esas pérdidas? ¿Responderán la CONAYE, movimientos locales o autoridades que, según versiones, apoyaron tácitamente la movilización?
Además, los daños a infraestructura pública activan la competencia de la Contraloría del Estado, cuya intervención es obligatoria ante afectaciones al patrimonio nacional.
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Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ, plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quedará todo en la impunidad? La calma tras el paro no debe borrar la magnitud del daño. Imbabura necesita justicia económica, no solo disculpas. ¿Está el país listo para rendir cuentas?
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