Petro solicita declarar terroristas a disidencias FARC tras ola de violencia

La decisión surge luego de ataques en Antioquia y Cali, mientras expertos debaten el fracaso de la ‘paz total’ y sus implicaciones.

Colombia fue sacudida este jueves por una oleada de violencia, con dos ataques atribuidos a las disidencias de las FARC en el occidente del país. En detalle, uno de los ataques ocurrió en el departamento de Antioquia, donde un dron derribó un helicóptero de la policía, resultando en la muerte de dos uniformados; el segundo, en Cali, implicó la explosión de dos camiones bomba cerca de una base aérea, cobrando la vida de seis civiles y dejando además decenas de heridos.

Por ambos hechos, las autoridades señalan como responsables a las disidencias de las FARC. Tras estos atentados, el presidente Gustavo Petro afirmó que solicitará que las disidencias de las FARC —tanto las de alias Iván Mordisco como la Segunda Marquetalia—, así como el Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas.

Esta decisión, según el politólogo experto en Latinoamérica, Gunta Miholt, implica que estos grupos no podrán ser considerados parte de diálogos con el gobierno nacional y representa un llamado a la Corte Penal Internacional para que asuma cartas en el asunto, buscando una internacionalización de la lucha contra estos actores violentos.

Los atentados y la reacción presidencial

Los recientes ataques, que se suman a una serie de explosiones registradas hace dos meses en el suroccidente colombiano, han escalado la preocupación por la seguridad en el país. La solicitud del presidente Petro de clasificar a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas marca un giro significativo en su política de “paz total”. Para Gunta Miholt, esta medida tiene dos implicaciones principales: en primer lugar, estos grupos quedarían excluidos de cualquier mesa de diálogo con el gobierno, ya que no es posible negociar con organizaciones que buscan generar pánico en la sociedad civil.

En segundo lugar, la petición de Petro busca una internacionalización de la lucha contra estos actores violentos. Miholt explica que esto involucraría no solo a la Corte Penal Internacional, sino también a los países vecinos y socios de Colombia en los esfuerzos para enfrentar a estos grupos criminales. La estrategia movería el control de la situación más allá de las fronteras nacionales, buscando un apoyo y una acción coordinada a nivel global.

El deterioro de la “Paz total”

La oleada de violencia pone en tela de juicio la efectividad de la política de “Paz total” del presidente Petro. Miholt observa que en los últimos meses esta estrategia “ha hecho aguas”, evidenciando que las negociaciones y diálogos con actores criminales y grupos rearmados no han logrado el éxito esperado. El experto señala que no está claro qué puede negociar el gobierno más allá del desarme y la rendición de cuentas de estos actores, lo que ha generado una pérdida de rumbo en las negociaciones.

Otro punto crítico es el debilitamiento de la dimensión de “paz territorial” que caracterizó el acuerdo de paz del expresidente Santos. La centralización en los diferentes actores criminales ha dejado desprotegidas muchas áreas del territorio nacional donde se esperaba avanzar en la reconversión de zonas de cultivos ilícitos y minería ilegal, así como en la consolidación de la presencia estatal.

Actualmente, el territorio colombiano se asemeja a un “patchwork de diferentes dominios”, donde grupos enemigos emplean la fuerza para minar la presencia del otro, abarcando desde el Catatumbo hasta el sur de Pasto. Esta fragmentación dificulta a las fuerzas armadas y órganos de seguridad restablecer el orden constitucional y hacer valer el derecho, lo que agrava la inseguridad en el país. La población colombiana, sensible a la situación de seguridad debido a su historial de violencia, reacciona fuertemente ante este deterioro.

El poder creciente de los grupos armados

La capacidad de estas organizaciones para realizar atentados sofisticados, como el ataque con un dron en Amalfi, Antioquia, es motivo de preocupación. Miholt sugiere que la acumulación de poder se debe, en parte, a la presión ejercida por las iniciativas de las fuerzas armadas para controlar la situación. Estas provocaciones violentas buscan demostrar el poderío de los grupos y su capacidad de impacto, incluso sobre las mismas fuerzas armadas. La innovación tecnológica, como el uso de drones para derribar helicópteros, representa una nueva dimensión a la que el ejército y las fuerzas aéreas deben responder. Esto ha creado una nueva competencia por el control del territorio nacional, poniendo en riesgo el avance considerable que los órganos de seguridad habían logrado en el pasado.

Además, la supervivencia económica de estas organizaciones es fundamental. El flujo de dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, así como el control de infraestructuras de transporte y zonas de tránsito y cultivo, son elementos cruciales que les permiten operar y fortalecerse. La complejidad de la situación colombiana, que incluye la difícil tarea de control fronterizo y la mezcla de actores violentos con intereses en economías ilícitas, hace que el llamado a la “mano dura” sea insuficiente sin un concepto integral de políticas de seguridad. La inestabilidad en los ministerios durante el gobierno de Petro, con el cambio continuo de responsables, ha obstaculizado la continuidad conceptual, operativa y el apoyo político necesario para afrontar eficazmente la seguridad ciudadana.

Implicaciones políticas y electorales

A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los recientes ataques podrían estar buscando “calentar el clima político”. Estos grupos ilegales, a través de acciones como ataques y secuestros, intentan ganar espacio y afectar la gobernanza del país. Su objetivo es preservar sus cotos de poder, hacerse visibles y demostrar su capacidad para influir en lo que sucederá en el futuro de Colombia.

En este sentido, la precaria situación de seguridad tendrá un efecto directo en las próximas campañas electorales y los comicios. Miholt advierte que es crucial prestar atención a este contexto, sin olvidar que la situación de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela también podría afectar a Colombia. Se avecina un periodo muy difícil en cuanto al control de seguridad y el uso de la violencia, tanto estatal como no estatal, lo que exige prudencia a todos los actores para evitar una escalada de conflictos y más muertes entre la sociedad civil y los órganos de seguridad.