Cámara de Minería impugna tasa oficial y advierte fuga de capitales

La norma —vigente desde el 20 de junio— obliga a pagar hasta USD 50 millones por concesión; el gremio la califica de “impuesto encubierto” y pide suspenderla mientras la Corte Constitucional decide.

La Cámara de Minería del Ecuador presentó el 9 de julio una acción de inconstitucionalidad contra la nueva tasa de fiscalización minera que rige desde el 20 de junio. Según María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva del gremio, en entrevista en A Primera Hora, la medida —que exige hasta USD 50 millones por concesión— atenta contra la seguridad jurídica, castiga a la minería legal y ahuyenta la inversión. El primer pago, previsto para el 31 de julio, pone en riesgo proyectos que llevan más de una década en exploración y aún no generan ingresos.

La Cámara sostiene que se trata en realidad de un impuesto disfrazado. “Una tasa implica una contraprestación directa del Estado; aquí no la hay”, explicó Silva. Además, considera que el cobro es desproporcionado: el monto total a recaudar (USD 200 millones, según el gobierno) equivale casi a la inversión extranjera que recibió el país en minería durante 2024. La acción legal pide a la Corte Constitucional derogar la norma y, en lo provisional, suspender su aplicación.

La tasa se calcula por hectárea concesionada. Empresas con varios títulos pueden superar las 20 000 ha y enfrentar facturas de 20, 30 o más de 50 millones de dólares. Silva advierte que, para muchos exploradores, ese valor supera el presupuesto anual de operación —y, en algunos casos, el valor total de la compañía—, lo que obligaría a vender activos o abandonar el país.

La presidenta del gremio ilustró el ciclo minero: la fase de exploración puede extenderse 12 años o más, financiada con capital de riesgo. Durante ese lapso no existe ingreso alguno. “La tasa llega antes de la primera barra de oro, de cobre o de litio”, señaló. El resultado: menos capital para perforar, estudiar y tramitar permisos, y más probabilidad de que concesiones acaben en manos de la minería ilegal.

Silva asegura que desde que se conoció la propuesta el sector pidió diálogo “sin éxito”. “Hubo reuniones para escucharnos, pero nunca se abrieron mesas técnicas”, dijo. El ministerio rector —en palabras públicas de la ministra— cerró la puerta a cualquier modificación, lo que llevó al gremio a interponer la acción judicial.

La Cámara propone eximir a los proyectos en exploración y cobrar solo cuando comience la explotación. Otra opción es aplicar una tarifa fija por concesión o destinar un porcentaje adicional de las regalías futuras a combatir la minería ilegal. “No estamos lloriqueando por un impuesto; queremos reglas claras y estables”, insistió Silva.

Ecuador compite con Perú, Chile y Argentina por la misma bolsa de inversiones. Silva advirtió que la incertidumbre fiscal empuja a los capitales hacia jurisdicciones “con marcos más previsibles”. Casos concretos ya existen: algunas firmas han comenzado a transferir concesiones o reducir presupuestos.

El gobierno prevé destinar los 200 millones a drones, capacitación y equipamiento para la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). El gremio cuestiona la transparencia del ente y los montos: 22 millones para drones (USD 150 000 por unidad) y 10 millones para “capacitación de funcionarios”. Silva pidió auditoría y rendición de cuentas.

En cantón El Pangui (Zamora Chinchipe), la explotación formal redujo la pobreza en 13 puntos, elevó la escolaridad promedio en dos años y colocó a más de 450 jóvenes en la universidad. “Ese modelo se puede replicar si no espantamos la inversión”, afirmó Silva.

La pulseada entre el sector y el Estado llega a la Corte Constitucional. Mientras tanto, el 31 de julio se acerca y con él la primera fecha de pago. El desenlace definirá no solo el futuro fiscal de la minería, sino también el destino de miles de empleos y de comunidades que ven en la actividad una salida a la pobreza. La pelota, ahora, está en manos de los jueces.