La Presidenta de la Cámara de Minería revela las trabas que frenan inversiones millonarias y la visión de futuro para un país rico en recursos pero empobrecido por la burocracia.
En una entrevista reveladora con “Un Café con JJ”, María Eulalia Silva, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, expone con detalle los obstáculos que enfrenta el sector minero en el país. Mientras inversiones por 10,000 millones de dólares esperan concretarse, la cadena minera ecuatoriana se debate entre trabas regulatorias, impuestos desproporcionados y una burocracia que demora trámites críticos. Silva denuncia cómo la falta de estabilidad tributaria y la lucha contra la minería ilegal impactan negativamente en la atracción de capitales, mientras el país se queda sin aprovechar su potencial minero, una fuente clave para combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
La industria minera en Ecuador enfrenta un panorama complejo. Según Silva, aunque el país ha exportado 3,000 millones de dólares en minería el año pasado y paga 1,200 millones en impuestos, su potencial real está bloqueado por trabas burocráticas. La tasa de supervisión y control, que Silva denuncia como un impuesto disfrazado, busca recaudar 229 millones para combatir la minería ilegal, pero contradice el objetivo al desalentar la inversión formal. Mientras tanto, países como Chile y Perú ofrecen condiciones más ventajosas, con patentes de conservación que van de 3 a 450 dólares por hectárea, frente a los 11 dólares en Ecuador y los 150 dólares propuestos por la nueva tasa.
El análisis de Silva pone de manifiesto una contradicción en la política pública: mientras se busca combatir la minería ilegal (que representa el 70% de la producción según estimaciones), se imponen cargas económicas a la minería formal que la hacen menos atractiva que otras alternativas regionales. La burocracia ecuatoriana, que puede demorar permisos hasta dos años, contrasta drásticamente con los tiempos de sus vecinos, donde procesos similares toman semanas. Esto, sumado a la inestabilidad tributaria y jurídica (como el caso de la licencia ambiental suspendida en 2021 por no cumplir con estándares posteriores a su otorgamiento en 2014), crea un entorno hostil para inversionistas que buscan seguridad y retorno a largo plazo.
Además, Silva señala una ironía: mientras el Estado busca recaudar 229 millones a través de este impuesto, la inversión extranjera total en Ecuador el año pasado fue apenas 232 millones. Esto implica que el gobierno busca recaudar casi la misma cantidad que toda la inversión extranjera, pero del sector minero alone.
La visión de María Eulalia Silva plantea una pregunta fundamental: ¿Está Ecuador dispuesto a sacrificar su desarrollo económico y social por la inacción regulatoria? Mientras 10,000 millones de dólares en inversiones mineras esperan concretarse, el país se debate entre la burocracia, la inestabilidad tributaria y un enfoque contradictorio hacia la minería ilegal. Silva argumenta
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