Los pescadores enfrentaron décadas de desatención financiera y normativas ineficaces que amenazan su sostenibilidad.
El sector pesquero artesanal del Ecuador, esencial para la economía y la seguridad alimentaria, se enfrentó a una crisis estructural que combinó deudas históricas, falta de crédito accesible y regulaciones que desatendieron sus necesidades. Líderes como Jinmy López denunciaron la carencia de políticas claras y la indiferencia de los gobiernos hacia uno de los sectores más productivos del país.

La Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas del Ecuador (FOPAE), liderada por Jinmy López, expuso las dificultades del sector pesquero artesanal durante un extenso diálogo en Portadas. López describió un panorama desolador donde las deudas, heredadas desde la época del Sucre, se transformaron en compromisos en dólares que ahogaron a los pescadores. “A pesar de los esfuerzos, seguimos pagando intereses exorbitantes que superaron el 22%, dejando atrás cualquier posibilidad de alivio financiero real”, manifestó.
El terremoto de 2016 que afectó gravemente a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas agravó la situación. En aquel momento, los pescadores con deudas activas y sin apoyo estatal se vieron obligados a recurrir al sistema informal de crédito, conocido como “chulqueros”. Este mecanismo, aunque rápido, perpetuó el ciclo de dependencia financiera debido a sus altas tasas de interés y condiciones desfavorables.
López también criticó los múltiples obstáculos impuestos por la banca pública y privada para acceder a créditos. Desde requisitos como afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta procesos burocráticos que implicaron horas de espera, los pescadores quedaron fuera de los beneficios financieros. “Estamos atrapados en un sistema que no entiende nuestra realidad productiva ni nuestra urgencia por salir al mar”, agregó.

La situación se complicó aún más con la falta de infraestructura adecuada para garantizar la comercialización de sus productos. Sin almacenamiento en frío ni cadenas logísticas eficientes, los pescadores se vieron obligados a vender sus capturas a intermediarios que redujeron drásticamente sus ganancias.
Por otro lado, las normativas emitidas por el Ministerio de Ambiente limitaron la captura y comercialización de especies como el tiburón, afectando indirectamente la pesca de acompañamiento. Aunque estas leyes buscaron la sostenibilidad de los recursos marinos, López argumentó que carecieron de un enfoque integral que considerara el impacto social y económico en las comunidades pesqueras.
“Hemos invertido miles de dólares en motores y artes de pesca, pero no podemos operar al máximo debido a restricciones que no se adaptan a nuestra realidad”, señaló. Además, destacó que menos del 30% de la flota pesquera artesanal en provincias como Manabí y Santa Elena sigue activa, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector.
Ante esta situación, FOPAE planteó la creación de una cooperativa pesquera que permita a los pescadores manejar sus propios recursos y acceder a créditos con condiciones favorables. Este proyecto, que prevé su lanzamiento en 2025, busca fortalecer la autonomía del sector y garantizar la comercialización directa de sus productos bajo una marca nacional.
Inspirándose en ejemplos internacionales como la marca colombiana Juan Valdez, que agrupa a pequeños caficultores, López visualizó un modelo similar para el pescado ecuatoriano. “Con organización y apoyo estatal podríamos llevar nuestros productos a mercados internacionales, destacándonos por nuestra calidad y sostenibilidad”, afirmó.
Sin embargo, para que estas propuestas sean viables, López enfatizó la necesidad de que el gobierno establezca políticas claras y brinde apoyo técnico. También instó a las autoridades a crear un sistema financiero inclusivo y a invertir en tecnología para mejorar la eficiencia de las operaciones pesqueras.
El sector pesquero artesanal del Ecuador enfrenta desafíos históricos y estructurales que requieren atención inmediata. Desde deudas impagables hasta la falta de infraestructura, los pescadores se encuentran en una situación precaria que amenaza su subsistencia. La pregunta que surge es: ¿Está el gobierno dispuesto a implementar las reformas necesarias para garantizar un futuro sostenible para este sector vital?
Fuente: PORTAMOS | prensa.ec






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