Noboa propone castración química para violadores tras escándalo en la Asamblea

La iniciativa llega horas después de que la Fiscalía allanara inmuebles del legislador Santiago Díaz, denunciado por violar a una niña de 12 años.

El presidente Daniel Noboa envió este viernes 11 de julio un proyecto de reforma constitucional que introduce la castración química obligatoria y la cadena perpetua revisable para delitos sexuales contra menores de 14 años. La medida —que requiere mayoría calificada en la Asamblea y posterior revisión de la Corte Constitucional— se anunció mientras la Fiscalía ejecutaba tres allanamientos en Quito vinculados al proceso por presunta violación que enfrenta el asambleísta Santiago Díaz, expulsado la víspera del bloque Revolución Ciudadana.

El texto que ingresó a la Asamblea modifica el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y suma dos figuras: la aplicación “de forma obligatoria y continuada” de fármacos que reduzcan la libido y la posibilidad de prisión efectiva de 25 a 30 años, sin beneficios de reducción de pena para reincidentes. Según la Secretaría de Comunicación, la reforma se alinea con “los estándares de protección integral a la niñez” que ya rigen en países como Polonia, Corea del Sur y algunos estados de Estados Unidos.

El anuncio presidencial se produjo en redes sociales, donde Noboa escribió: “Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Ahora es el turno de la Asamblea: se sabrá quién está con las víctimas y quién con los abusadores”. La frase fue interpretada como una alusión directa al caso del legislador Santiago Díaz, cuya denuncia se hizo pública 48 horas antes.

La Fiscalía confirmó que el miércoles 9 de julio registró la vivienda y la oficina de Díaz, además de un domicilio vinculado a la familia de la presunta víctima. En los procedimientos se incautaron ocho teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán peritados para establecer la existencia de conversaciones o material ilícito.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la niña, quien habría trabajado como colaboradora del asambleísta. Según la versión preliminar, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando la menor tenía entre 11 y 12 años. Díaz negó los cargos en un comunicado: “Para nadie es oculta mi militancia (…) No soy capaz de producir el daño que se me atribuye”.

El escándalo se amplificó cuando trascendió que, cinco días antes de la denuncia, Díaz presentó un proyecto de reforma al COIP para rebajar la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. El texto, con diez firmas de asambleístas de la Revolución Ciudadana, incluía la frase: “El consentimiento dado por la víctima mayor de catorce años es relevante”.

Los legisladores firmantes declararon que el artículo fue “insertado sin su consentimiento” y anunciaron que retirarán su apoyo. La vicepresidenta del Parlamento, Mishel Mancheno adelantó que pedirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que archive la iniciativa.

El proyecto de Noboa abre dos debates simultáneos: la eficacia de penas más duras frente a políticas de prevención y la credibilidad de una Asamblea sacudida por denuncias internas. Mientras la Fiscalía analiza pruebas y la niña recibe acompañamiento psicológico, la sociedad ecuatoriana observa si la reforma constitucional avanza o queda en un gesto político. La próxima semana la Comisión de Transparencia convocará a Díaz y a los firmantes del polémico proyecto; su testimonio podría definir la agenda legislativa y judicial de los próximos meses.