María Eulalia Silva: La minería formal puede transformar comunidades

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, analiza los riesgos del contrabando de oro, la narcominería y el impacto en la minería formal.

En una entrevista en Un Café con JJ, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal en el país, su vínculo con el crimen organizado, la fuga de millones en exportaciones no tributadas y el peligro que representa para la seguridad nacional, el medio ambiente y las comunidades. El fenómeno, presente desde hace unos ocho años, ha generado redes complejas que desplazan a la minería formal y socavan el desarrollo sostenible.

La minería ilegal: un problema de seguridad nacional

La extracción ilegal de minerales no es solo un delito ambiental o fiscal, sino una amenaza estructural para el Estado ecuatoriano. Según Silva, los recursos del subsuelo pertenecen al Estado, y su explotación irregular impide que se conviertan en impuestos, regalías y oportunidades para el desarrollo colectivo.

Además, estas actividades operan sin control ambiental: utilizan mercurio —prohibido en la minería formal— y descargan residuos tóxicos directamente en ríos y suelos. Esto contamina fuentes hídricas y tierras agrícolas, con riesgos a largo plazo para la salud pública y la seguridad alimentaria.

Pero el impacto va más allá. La minería ilegal está asociada a graves violaciones de derechos humanos: emplea a personas en condiciones de esclavitud, incluyendo niños, y genera inestabilidad social en las zonas afectadas. Casos como el deslave en un campamento ilegal que causó la muerte de cinco personas, entre ellas un menor de 12 años, evidencian las condiciones inhumanas en las que operan estos grupos.

Empresas sin oficinas exportan millones en oro. La minería ilegal financia crimen organizado. Y comunidades sufren. María Eulalia Silva: “No es minería, es narcominería”. Ecuador https://t.co/T2HWL6peev…@mariaeulalias@mineriaecuador
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— PrensaEc (@PrensaEc1) September 8, 2025

Narcominería: el negocio estrella del crimen organizado

Silva fue contundente al señalar que la minería ilegal ya no es un fenómeno marginal, sino una actividad controlada por el crimen organizado. “Hoy, un kilo de oro es más rentable que un kilo de cocaína”, afirmó, destacando que el oro es un producto legal y fácil de transportar, lo que lo convierte en un instrumento ideal para el lavado de activos.

Este modelo, conocido como “narcominería”, ha sido adoptado por carteles que aprovechan la debilidad institucional en zonas remotas. En países como Perú, Brasil y Colombia, esta dinámica ya es ampliamente documentada, y Ecuador no escapa a la tendencia. La alianza entre bandas locales y organizaciones criminales ha permitido la consolidación de rutas de extracción y exportación paralelas al Estado.

Empresas fantasma y exportaciones sospechosas

Uno de los casos más preocupantes es el de empresas recién constituidas, sin oficinas, personal ni presencia digital, que reportan exportaciones multimillonarias de oro. Según investigaciones periodísticas, como la de Expreso, una empresa llamada Soul Metals exportó 105 millones de dólares en oro en solo siete meses, pagando apenas 169.000 dólares en impuestos.

La Superintendencia de Compañías (Supercias) detectó en 2023 que muchas de estas firmas no tienen direcciones reales: sus registros apuntan a terrenos baldíos. Esta situación evidencia una red de lavado de activos y evasión fiscal que aprovecha vacíos regulatorios.

Silva subrayó la necesidad de fortalecer los controles en la cadena de comercialización del oro, desde la extracción hasta la exportación, y de exigir transparencia en la identidad de los accionistas y el origen del mineral.

Minería formal: desarrollo sostenible con resultados

Frente al caos de la minería ilegal, Silva destacó ejemplos de minería formal responsable que han transformado comunidades. Un caso emblemático es el cantón Yanzaza, en Zamora Chinchipe, donde el proyecto Fruta del Norte ha generado empleo, mejorado el salario promedio y elevado el nivel educativo.

Gracias a esta mina, el cantón se encuentra entre los tres con mayor ingreso promedio en el país. Además, la empresa ha pagado más de 400 millones de dólares en impuestos en un solo año, convirtiéndose en uno de los mayores contribuyentes del fisco.

Estos resultados, afirmó Silva, demuestran que la minería puede ser un motor de desarrollo si se realiza bajo estándares internacionales, con participación comunitaria, cumplimiento ambiental y transparencia fiscal.

Conflicto social y desinformación: el caso Loma Larga y Río Blanco

Silva también abordó el debate en torno a proyectos como Loma Larga, en Azuay, donde existen preocupaciones por el posible impacto en fuentes hídricas. Sin embargo, hizo un llamado a no repetir errores del pasado, como el caso de Río Blanco, también en Azuay.

Allí, un proyecto minero fue paralizado en 2018 tras una sentencia judicial por supuestas irregularidades en la consulta previa. Aunque no había pueblos ancestrales en el área, la decisión permitió que la zona fuera tomada por mineros ilegales. En años posteriores, se reportó el robo de maquinaria, extracción no autorizada y presencia de grupos armados.

“¿Dónde están los activistas que protestaron antes?”, cuestionó Silva. “Hoy no los vemos denunciando la minería ilegal que destruye el ambiente y viola derechos humanos”.

El mensaje es claro: oponerse a la minería formal sin ofrecer alternativas puede abrir el camino a la ilegalidad. La prioridad debe ser fortalecer el marco regulatorio, garantizar la participación ciudadana informada y acelerar proyectos bajo estándares de sostenibilidad.

Cierre: hacia una minería responsable y segura

La minería en Ecuador no desaparecerá. La pregunta no es si habrá minería, sino qué tipo de minería queremos. La opción no es entre minería y no minería, sino entre minería ilegal y minería formal responsable.

Silva concluyó con un llamado a la acción colectiva: el Estado, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado deben unirse para promover una industria transparente, sostenible y justa. Solo así el país podrá aprovechar su riqueza geológica sin sacrificar su seguridad, su ambiente ni su futuro.