EE.UU. respalda reelección en El Salvador pese a alertas sobre derechos humanos

Con apoyo de Estados Unidos, el Congreso salvadoreño avaló la reelección presidencial en un proceso cuestionado por organismos y expertos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que permite la reelección presidencial de Nayib Bukele con 57 votos a favor, en una cámara dominada por su partido, Nuevas Ideas. El respaldo inmediato de Estados Unidos ha generado críticas sobre el futuro de la democracia en el país centroamericano, especialmente en un contexto de restricciones a derechos fundamentales y concentración de poder. El caso ha reavivado el debate sobre la legitimidad de procesos institucionales sin consulta popular y el papel de las alianzas internacionales en la protección de los derechos humanos.

La reforma constitucional que habilita la reelección de Nayib Bukele fue aprobada en una sesión legislativa rápida y sin discusión pública. No se realizó ninguna consulta popular ni mecanismo de participación ciudadana, lo que ha sido señalado como un vacío democrático. El arzobispado de San Salvador y diversas organizaciones civiles han expresado preocupación por la falta de transparencia y el carácter unilateral del proceso. Expertos en derecho constitucional destacan que la alternabilidad en el poder es un pilar esencial de los sistemas democráticos, y que su eliminación puede erosionar los controles y equilibrios entre poderes.

Este paso se da en un contexto de creciente control político del Ejecutivo sobre instituciones clave. Desde 2021, cuando se decretó el régimen de excepción contra las pandillas, se han registrado más de 80.000 detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario. Además, se han documentado 427 muertes en custodia estatal desde entonces, según datos de la misma ONG. Estas cifras han sido cuestionadas por organismos internacionales, aunque el gobierno las justifica como parte de una estrategia de seguridad nacional.

Un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado en el que afirmó que la Asamblea Legislativa fue elegida democráticamente y que el proceso de reforma, aunque ágil, es legítimo. También descartó comparar a El Salvador con regímenes autoritarios de la región. Esta postura ha sido calificada como “preocupante” por analistas, quienes señalan que podría establecer un precedente negativo en la política exterior estadounidense respecto a la defensa de la democracia.

Según versiones anticipadas del informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado, que debe presentarse al Congreso de EE.UU. en abril, los capítulos sobre El Salvador, Israel y Rusia han sido significativamente reducidos. Fuentes indican que se omitieron denuncias clave, como violaciones contra la comunidad LGBTIQ+ y el encarcelamiento masivo sin debido proceso. Este cambio en el tono del informe contrasta con décadas de exigencias estadounidenses sobre transparencia y derechos humanos en América Latina.

Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, su gobierno ha sido elogiado por reducir drásticamente los índices de violencia, atribuido principalmente a la confrontación contra las pandillas. Sin embargo, Freedom House, organización dedicada al monitoreo global de libertades, ha rebajado la calificación de El Salvador de “país libre” a “parcialmente libre”. En 2019, el país tenía una puntuación de 67 sobre 100; en su último informe, antes de la aprobación de la reelección, descendió a 47.

Este cambio refleja una tendencia de deterioro institucional: cierre de espacios civiles, restricciones a la prensa, captura de poderes judiciales y eliminación de contrapesos políticos. Aunque la seguridad ha mejorado, el modelo se basa en un enfoque punitivo con altos costos sociales. Más del 2% de la población adulta masculina está encarcelada, la tasa más alta del mundo. Expertos advierten que sin políticas de inclusión social, educación y empleo, estos resultados podrían ser temporales.

La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador no es solo un asunto interno, sino un fenómeno con implicaciones para toda América Latina. El respaldo explícito de Estados Unidos, sumado a la omisión de críticas en informes oficiales, plantea dudas sobre el compromiso real con la democracia en la política exterior. Mientras el gobierno salvadoreño consolida su poder bajo el discurso de la seguridad, persiste la pregunta: ¿a qué costo se construye esa estabilidad? La historia ha demostrado que los regímenes que intercambian libertades por orden suelen enfrentar crisis más profundas en el futuro.