La Asociación de Municipalidades del Ecuador exige diálogo urgente para evitar paralización de servicios básicos y demanda legal ante la Corte Constitucional.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) reveló este lunes una deuda histórica de 643 millones de dólares del Gobierno central hacia los 222 gobiernos locales, según declaraciones de su presidente, Patricio Maldonado, en entrevista exclusiva con Punto Noticias de Radio Pichincha. La cifra, acumulada por incumplimiento en transferencias de equidad territorial, amenaza la prestación de servicios esenciales como agua potable, recolección de desechos y salarios municipales, generando una crisis que, según Maldonado, ya afecta a 18 millones de ciudadanos.
Deuda histórica y crisis de servicios básicos
Según Maldonado, el 85% de los municipios ecuatorianos —en su mayoría pequeños y dependientes de transferencias estatales— enfrentan retrasos en pagos de salarios, décimos y proveedores. “Más de 643 millones de dólares deberían estar transformados en obras y servicios, pero hoy no podemos garantizar agua potable, mantenimiento de espacios públicos o incluso combustible para equipos camineros”, detalló. La falta de recursos ha llevado a municipios a suspender contrataciones y a trabajadores a no cobrar hasta tres meses, afectando su capacidad para adquirir alimentos o medicamentos.
El presidente de la AME subrayó que, aunque el Estado argumenta una “crisis financiera nacional”, destina fondos a otras prioridades, como las consultas populares de 2023 y 2024, cuyo costo supera los 120 millones de dólares. “¿Por qué hay recursos para consultas, pero no para salarios municipales?”, cuestionó, recordando que el IVA subió del 12% al 15% y se eliminaron subsidios a combustibles.
Diálogo roto y presión legal
Maldonado confirmó que los canales de comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas se interrumpieron hace tres semanas, pese a que la ley exige transferencias mensuales, predecibles y automáticas. Tras una rueda de prensa el lunes, la AME envió un oficio a la ministra de Economía para reactivar mesas de diálogo. “Si en 15 días no hay respuesta, presentaremos una demanda ante la Corte Constitucional por incumplimiento constitucional”, advirtió.
El dirigente criticó que el gobierno central priorice acuerdos con entidades alineadas políticamente, como el Consorcio de Gobiernos Provinciales, cuyo comunicado reciente omitió exigir pagos. Además, cuestionó la exclusión de 219 alcaldías en reuniones sobre seguridad convocadas por Cancillería y el Ministerio del Interior, limitadas a Quito, Guayaquil y Cuenca: “La inseguridad no es solo un problema de tres ciudades; municipios pequeños también están en emergencia”.
Propuestas y límites políticos
La AME planteó soluciones como la dación de pago en bonos —ya aplicada por 78 municipios con 212 millones de dólares— y acceso al alivio financiero del Banco de Desarrollo. Sin embargo, el límite actual de 400.000 dólares para emitir bonos excluye a municipios con deudas menores. “Necesitamos que se flexibilicen los requisitos para que todos puedan negociar”, insistió Maldonado, quien negó que la AME busque confrontación: “No somos opositores, pero defenderemos los intereses locales sin silenciarnos por conveniencias políticas”.
El presidente señaló que la deuda obedece a una estrategia para debilitar a autoridades no alineadas con el gobierno, especialmente en vísperas de elecciones internas en la AME. “Nosotros representamos a quienes fueron elegidos por el pueblo, no a intereses partidistas”, afirmó, recordando que la ley garantiza autonomía a los gobiernos locales.
Impacto en la seguridad y llamado a la unidad
Maldonado vinculó la crisis financiera con la emergencia de seguridad: municipios sin recursos no pueden reforzar patrullajes o alumbrado público, agravando la vulnerabilidad ciudadana. Pese a que la seguridad no es competencia municipal, destacó que alcaldías han asumido roles complementarios. “El gobierno debe entender que somos actores transversales; necesitamos diálogo de doble vía, no solo exigencias”, concluyó.
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La situación expuesta por la AME refleja un problema estructural: sin financiamiento estable, los gobiernos locales —más cercanos a la ciudadanía— no podrán garantizar derechos básicos. La demanda ante la Corte Constitucional podría definir si el Estado prioriza el cumplimiento de la ley sobre intereses políticos. Mientras, miles de familias dependen de que el diálogo se reactive antes de que la crisis humanitaria se profundice.
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