Según el análisis de Fabricio Vela, director de Primera Plana, el presidente Daniel Noboa remitió el 5 de septiembre cinco candidatos a la Asamblea Nacional para conformar la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, pese a que la ley que la crea enfrenta 26 demandas de inconstitucionalidad.
Esta normativa, aprobada en junio bajo controversias por su procedimiento y falta de unidad de materia, fue cuestionada en audiencias constitucionales del 27 y 28 de agosto, donde representantes del Ejecutivo y la Asamblea no lograron sustentar adecuadamente su validez.
La decisión presidencial refleja una estrategia de “hechos consumados”, buscando que la Junta opere antes de que la Corte Constitucional resuelva las impugnaciones. Este ente, clave para regular bancos, cooperativas, aseguradoras y el mercado de valores, además de asumir competencias en lavado de activos y gobernar el Banco Central, tendrá impacto directo en la economía nacional.
Entre los postulados —Gustavo Camacho Dávila, Silvia Daniela Moya, Roberto Javier Basantes, María Isabel Camacho y Yerí Fernández Rubio— persisten dudas sobre su cumplimiento de requisitos legales. Vela advierte que acelerar este proceso sin resolver las impugnaciones socava la transparencia institucional.
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La ciudadanía debe exigir claridad: ¿Cómo garantizar que una entidad con poderes críticos nazca en medio de incertidumbre jurídica? La legitimidad de sus decisiones dependerá de resolver primero las demandas pendientes.
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