La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas alerta sobre el impacto en servicios básicos y anuncia posibles acciones legales ante el incumplimiento constitucional.
Los alcaldes de Ecuador denunciaron este lunes que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de USD 643,24 millones con los 222 municipios del país, lo que ha generado una crisis en servicios básicos como agua potable, recolección de residuos y programas sociales, según un comunicado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Patricio Maldonado, presidente de la AME, advirtió que el retraso en las transferencias —en algunos casos de hasta cinco meses— está “llevando al límite” a los gobiernos locales y podría forzar el cierre de instituciones esenciales, en un escenario que vulnera derechos constitucionales.
Crisis en servicios básicos y proyectos municipales
La falta de recursos ha paralizado iniciativas clave en ciudades y comunidades. Según el comunicado de la AME, municipios de todo el país reportan la interrupción de proyectos de agua potable, mantenimiento de espacios públicos y recolección de residuos, además del debilitamiento de programas sociales dirigidos a población vulnerable. Maldonado explicó que, sin fondos oportunos, los gobiernos locales no pueden garantizar servicios mínimos: “El no poder tener las asignaciones a tiempo nos obliga a pensar en cerrar instituciones”, señaló.
Este retraso afecta directamente a la ciudadanía. En zonas rurales, familias carecen de acceso a agua potable; en áreas urbanas, el deterioro de parques y calles genera riesgos para la seguridad. Además, la falta de financiamiento ha limitado la capacidad de los municipios para responder a emergencias climáticas o sanitarias, como las recientes olas de calor que impactaron al país.
Marco constitucional y demanda legal inminente
La AME fundamenta su denuncia en el artículo 256 de la Constitución ecuatoriana, que establece la obligatoriedad de transferir recursos a gobiernos locales para garantizar autonomía y desarrollo territorial. Maldonado recordó que el Estado debe realizar transferencias “directas, automáticas, oportunas y eficaces”, tal como lo especifica el artículo 200 del Código Orgánico de Tributación, Aduanas y Contribuciones Especiales (COOTAD).
Ante el incumplimiento, la asociación anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional si el Gobierno no cancela la deuda en los próximos días. La acción legal buscaría obligar al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones fiscales, evitando que la crisis se profundice. “Exigimos respeto a la Constitución y soluciones urgentes para proteger los derechos de la gente”, subrayó Maldonado.
Exigencias urgentes al Gobierno y Asamblea
La AME demanda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión inmediata del Acuerdo Ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, norma que permitiría compensar saldos mediante cruce de cuentas. Dicho acuerdo debió implementarse en 30 días tras la aprobación de la ley, pero sigue pendiente.
Además, la asociación insta a la Asamblea Nacional a exhortar al Ejecutivo para que priorice los pagos, tal como se ha hecho en otros sectores estratégicos. “El Gobierno ha actuado con contundencia en temas como la seguridad, pero ignora la urgencia municipal”, criticó Maldonado. La AME reiteró que, sin fondos, los municipios no podrán ejecutar sus planes de desarrollo para 2024.
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La deuda estatal a municipios no es solo un problema financiero, sino un riesgo para la estabilidad institucional y la calidad de vida de millones de ecuatorianos. Mientras el Gobierno guarda silencio, los alcaldes advierten que el colapso de servicios básicos podría desencadenar protestas sociales. En un contexto de alta inseguridad y crisis económica, resolver esta deuda es prioritario para evitar una espiral de conflictos que afecte a todo el país.
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