En un comunicado publicado en X, el expresidente peruano Martín Vizcarra denunció una “persecución política” sostenida desde 2019, tras su decisión de disolver el Congreso. Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, asegura que esa medida —avalada por el Tribunal Constitucional— desató una ofensiva judicial en su contra, con el objetivo de excluirlo de futuras contiendas electorales.
Actualmente enfrenta un juicio oral por supuestos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011–2014), vinculados a los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital Regional. Vizcarra rechaza las acusaciones: afirma que no tuvo injerencia en las contrataciones y que las fechas de supuestas reuniones en Lima no coinciden con su agenda.
Además, cuestiona la credibilidad de los colaboradores eficaces del caso —vinculados a empresas del llamado “club de la construcción”—, a quienes acusa de mentir para beneficiarse de acuerdos con la Fiscalía. “No hay una sola prueba de que recibí dinero”, afirmó.
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Mientras el tribunal evalúa su sentencia, Vizcarra llama al Poder Judicial a “buscar la verdad”. ¿Se trata de justicia o de un arma política?
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